Estados Unidos anunciará este miércoles el fin de la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana, pese a la oposición de España y la Unión Europea.

"Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos veinte años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton", dijo este martes un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.

Además, Estados Unidos planea empezar a "implementar" el Título IV de esa legislación, que restringe la entrada en el país de aquellas personas que "posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas propiedades".

El anuncio formal lo hará este miércoles el Departamento de Estado y lo confirmará John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso que dará en Miami y en el que informará de más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Se espera que las medidas entren en vigor a partir del 1 de mayo, cuando se cumple el plazo marcado por el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, en la última suspensión del Título III, confirmaron a Efe fuentes del Gobierno estadounidense.

España y otros países habían pedido en las últimas semanas al Gobierno de Trump que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, algo que podría afectar a compañías españolas, como el grupo hotelero Meliá.

Ese título se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EE UU a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Cuando se aprobó esa ley hace 23 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE UU y, por ello, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El litigio concluyó entonces con el compromiso de EE UU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella, pero la decisión del Gobierno de Trump rompe ese acuerdo.

"[Los europeos] han tenido más de 24 años de suspensión [del Título III], de lucrarse con la propiedad robada a ciudadanos estadounidenses", argumentó el funcionario. Washington no planea conceder "ninguna exención" a empresas extranjeras que puedan resultar afectadas por el cambio, agregó.

"Creo que los europeos entendieron que estábamos llegando a esta decisión" cuando visitaron Washington hace dos semanas para la cita de ministros de Exteriores de la OTAN y se reunieron con Bolton o Pompeo, indicó la fuente.

Preguntado por la posibilidad de que la UE retome su campaña para demandar a EE UU ante la OMC, sentenció: "Tienen derecho a demandarnos, y nosotros tenemos derecho a verles fracasar".

La medida es un paso más en la escalada de presión de la Casa Blanca contra La Habana, a la que también responsabiliza en buen grado de la permanencia en el poder en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Por su parte, autoridades de la Unión Europea se comprometieron este mismo martes a proteger los intereses de sus empresarios en Cuba y les instaron a "contraatacar" si son demandados por compañías de EE UU.

"Tenemos una reglamentación que permite a las empresas europeas contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas estadounidenses", declaró el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, en una rueda de prensa en La Habana.

El embajador del bloque europeo en La Habana, Alberto Navarro, se comprometió a "proteger a nuestros empresarios que han invertido o querido invertir aquí", y también aludió a la "legislación antídoto" de 1996 que blinda a los europeos "en caso de que hubiera demandas o solicitudes de un juez de EE UU".

"Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y al mismo tiempo la posibilidad de solicitar reclamaciones contra empresas [estadounidenses] que hubieran pedido indemnizaciones por supuestas utilizaciones de propiedades confiscadas aquí en Cuba", explicó.