Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cifra en dos millones de euros el potencial perjuicio ocasionado a Divalterra SA., la empresa pública de la Diputación de Valencia, por la contratación que considera irregular de siete personas, bajo la modalidad de personal de alta dirección, adscritas o vinculadas a Compromís y PSOE, que gobiernan en la corporación provincial, entonces presidida por Jorge Rodríguez, y que en la actualidad encabeza la candidatura como candidato socialista a la Alcaldía de Ontinyent para las municipales.

Así consta en un informe de la UDEF, de fecha 19 de junio de 2018, al Juzgado de Instrucción número 9 de València, al que ha tenido acceso Europa Press, días antes de que Rodríguez fuera detenido en el marco de la Operación Alquería, junto con otros seis cargos de la corporación provincial y de Divalterra: sus asesores Manuel Reguart y Ricard Gallego (jefe de Gabinete); el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes, Xavier Simón y Agustina Brines.

En este informe se analizan una serie de nombramientos "realizados al margen de cualquier expediente administrativo, al margen de cualquier sistema de contratación pública que suponga mérito y capacidad", en concreto, la de siete altos cargos en septiembre de 2015, sin pasar por el Consejo de Administración, "vulnerando la normativa legal, formalizándose los contratos en noviembre de dicho año, sin expediente de contratación, ni informes jurídicos o económicos".

En este caso, la denuncia inicial, que acabó originando una querella de Fiscalía y la apertura de diligencias judiciales, parte del responsable de derecho público de Divalterra y del director económico, que también cifraron en dos millones de euros el perjuicio, pese al informe negativo tanto de la auditoría interna contratada por la empresa pública como por informes jurídicos que no avalan la contratación.

En el informe, la UDEF señala que la legislación aplicable a Divalterra en cuanto a empleo público es la del Estatuto Básico del Empleado Público. Al respecto, apunta siete contrataciones finalmente suscritas en noviembre de 2015 en distintas áreas como Turismo, Promoción Económica o relacionadas con medio ambiente que "parecen realizarse bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios contenidos en el EBEP aplicables a las sociedades mercantiles públicas en materia de contratación laboral, consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas" a Compromís y PSOE.

Cada una de ellas suponía un coste de 70.000 euros anuales para Divalterra, que ascendería a los dos millones en total en el tiempo en que se desarrollarían los cargos.

Asimismo, añade que de acuerdo con los informes jurídicos emitidos a petición de la empresa y que constan en la denuncia, esas contrataciones no se ajustan a los requisitos para ser considerados como personal de alta dirección, "por lo que además de producir una vulneración evidente de la ley, supone asimismo, una utilización instrumental de la misma con el único objetivo de realizar una contratación de personal directa y partidista sin la concurrencia de ningún procedimiento" que suponga la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia e independencia" en la contratación pública.

Además, destaca que no fueron nombradas y ratificadas por el Consejo de Administración, con lo que se incumplía lo establecido en los estatutos de la sociedad y se realizaron sin informes técnicos, presupuestarios o de necesidad que las avalara, "lo que no es acorde con los principios de eficiencia, austeridad y transparencia en la gestión pública".

MISMO NÚMERO QUE AENA

Y todo ello, de acuerdo con los denunciantes, sin que ese año hubiera producido un incremento "significativo en el presupuesto ni una necesidad evidente que las justifique", hasta el punto de que su realización supone que Divalterra "disponga de la misma cantidad de altos cargos como otras sociedades de grandes presupuestos como AENA".

En el informe se constata que todos los informes jurídicos y el de auditoría interna elevado al Consejo de Administración, obran en poder de los gerentes y de Rodríguez, que tenía "pleno conocimiento" de los hechos denunciados, al igual que el resto de los investigados.

"El conocimiento de la actuación arbitraria y caprichosa en las contrataciones es indudable a partir de la documentación aportada por los denunciantes, entre la que se incluyen numerosos correos electrónicos", indica, pero subraya que su papel es además el de crear "artificios para tratar de amparar unas contrataciones que únicamente responden a tratar de favorecer a ciertas personas relacionadas con el presidente de la Diputación y con los partidos de gobierno en la misma".

"PRESIONES" Y "REPRESALIAS"

En esta línea, destaca que Jorge Cuerda ejerce el control de la sociedad por mandato de Rodríguez, y que tanto él como Reguart y Gallego, con autorización del entonces expresidente de la Diputación, y a través de los gerentes, "se hace caso omiso a las vulneraciones legales manifestadas en los informes jurídicos, se ejercen presiones sobre los técnicos jurídico y presupuestario de la sociedad para que emitan sendos informes que den cobertura a las contrataciones e incluso se amenaza con despidos y represalias en caso de no ceder a lo solicitado".

De hecho, ante la negativa de los técnicos, Cuerda emite un nuevo informe para tratar de acreditar la legalidad de las contrataciones, del que se conocen dos versiones y sin firmar y por parte de Rodríguez "se otorgan nuevos poderes en relación a las funciones desarrolladas por los siete contratados como forme de conseguir la adecuación legal de las contrataciones como personal de alta dirección".

La UDEF considera acreditada la creación de un Consejo de Dirección de Divalterra, integrado solo por personas afines a los partidos gobernantes, "en el que se decidían cuestiones de gestión y funcionamiento esenciales de la sociedad, al margen de cualquier comunicación o autorización del Consejo de Administración", sin estar autorizado en los estatutos y que, además, supone un desplazamiento de las funciones del Consejo de Administración.

Los investigadores sostenían que ese "clima de presión" sobre los técnicos y el control efectivo de la sociedad se mantenían hasta 2018, al "imponer" Rodríguez dos nuevas contrataciones de personal vinculadas al partido, como lo que queda "acreditada la connivencia y participación" de todos ellos en la "vulneración, con conocimiento y voluntad, de los procedimientos legales para la contratación arbitraria" de esas siete personas.