Así se lo ha manifestado a los representantes de los sindicatos de funcionarios de prisiones, Acaip, USO y UGT, en la reunión que ha mantenido con ellos y en la que también estuvieron presentes los candidatos de CC al Senado por Gran Canaria, Francis Candil y Ángeles Batista.

Fernández aseguró que solicitará al Estado la modificación de la normativa para dotar al colectivo del carácter de autoridad para incrementar su protección ante los casos de agresiones por parte de los reclusos, ya que consideró que es necesario que tengan "este reconocimiento, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En concreto, la reforma de la norma supondría que los presos que agreden a un funcionario de prisiones "se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel", según informó Coalición Canaria en nota de prensa.

Actualmente, dijo Fernández, "cada día se produce una agresión" en las prisiones españolas, excluyendo las de carácter verbal y las que no requieren de asistencia médica, por lo que afirmó que se trata de una "situación que hay que frenar porque, por encima de todo, está la seguridad de estos profesionales, una situación a la que el Estado no está dando respuesta".

En cuanto al déficit de funcionarios en las prisiones, reconoció que "es un problema que el Gobierno central ha convertido en estructural", asegurando que se trata de reivindicaciones por parte del sector de "cosas muy lógicas, más personal, no solo en vigilancia, también médicos, trabajadores sociales, enfermeros o psicólogos", ya que apuntó que en una situación como la actual, "no se contribuye a la reinserción de los presos".

Por su parte, el representante de Acaip de la prisión de Salto del Negro de Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Fuentes, aseguró que "no" pueden realizar la labor de reinserción con un psicólogo por 280 internos en el caso de Salto del Negro o por 300 internos en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

A ello, agregó, que "no" pueden tener una trabajadora social con 123 internos dentro de la prisión y 123 familias fuera de la prisión, al tiempo que dijo que "no puede ser que un médico atienda a 300 internos".

"Disponemos de poco personal, muy envejecido, las próximas jubilaciones van a dejar desierto de personal las instituciones penitenciarias y estamos siendo castigados consecutivamente por los distintos gobiernos de ámbito estatal, lo fuimos con el ministro Zoido del Gobierno del Partido Popular y ahora con el ministro Marlaska del Gobierno de Pedro Sánchez", concluyó para añadir su agradecimiento a CC por escucharle, ya que se siente "ignorados" por el Ejecutivo central.