El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha centrado este lunes su campaña en el mercado laboral y ha propuesto una batería de medidas para reformarlo. Si logra gobernar a partir del 28 de abril, Iglesias se ha comprometido a eliminar la "flexibilización" recogida en las últimas dos reformas promulgadas por PSOE y PP.

En concreto, ha defendido reducir todos los contratos temporales a uno solo que, además, únicamente se pueda aplicar ante "causas productivas absolutamente imprevistas y organizativas estrictas". Iglesias quiere prohibir por ley los contratos temporales "de menos de un mes" e impedir que se prolonguen por más de medio año. A partir de ese momento, Podemos pretende que, si la empresa decide mantener al empleado, deba hacerle indefinido, una manera de perseguir el "fraude" en su "escandalosa".

En un mitin en Palma, el candidato morado ha vuelto a acudir a la Constitución del 78 y ha pedido a sus rivales políticos un debate sobre "cómo cumplir los artículos que protegen a la gente". "No solo hay dos artículos en esta Constitución, el 135 y 155", ha afeado. Iglesias ha insistido una vez más en "no conformarse" con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, sino en garantizar "una vida digna" llevándolo a los 1.200 y ha reclamado que las horas extra de los contratos a jornada parcial se paguen como tal.

Iglesias ha aprovechado su discurso para denunciar las condiciones de tres tipos de trabajadores particulares: las kellys, los falsos autónomos y los que prestan servicios para empresas "modernas" que "uberizan" la economía. Para controlar a estas últimas, que, a su juicio, atacan la Carta Magna, ha anunciado la creación de unidades especiales en la Inspección de Trabajo y en la Agencia Tributaria con el objetivo de auditar cómo tratan a sus empleados y si eluden sus obligaciones fiscales.

Frente a los que "en campaña van a querer seguir hablando de ETA", Iglesias ha preferido abordar la brecha salarial y ha reivindicado que se considere "discriminación" diferencias a partir del 20% para llevarlas ante los tribunales. Por último, ha asegurado que, si llega a Moncloa, obligará a las grandes empresas a realizar "auditorías" al respecto so pena de sanción.