La organización, que agrupa a los nueve colegios profesionales de Castilla y León, ha anunciado que interpondrá recurso contencioso administrativo solicitando la paralización cautelar de la aplicación de esta orden (EYH/315/2019, de 29 de marzo) de la Junta de Castilla y León por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad que presentan necesidades sanitarias o socio sanitarias.

El Consejo, en un comunicado recogido por Europa Press, ha tomado esta decisión después de analizar la repercusión que esta orden puede tener tanto para profesionales como para los niños, ya que a su juicio vulnera, al menos, tres principios.

Así, en primer lugar considera que va contra la ley y carece de consenso entre los profesionales, dado que no existe un informe preceptivo de las organizaciones profesionales.

Además, ha afirmado que no ha sido consultada a las organizaciones profesionales de enfermería a pesar de que las normas así lo establecen, como la Ley de Diálogo Civil y Democracia participativa, que se aprobó en septiembre pasado y que establece la obligatoriedad del "diálogo civil en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, donde las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación podrán realizar aportaciones desde el primer momento".

PAPEL DE LOS DOCENTES

De la misma manera, considera que existe una falta de responsabilidad de la Administración al encomendar actividades de educación sanitaria y de dispensación de medicamentos a los profesores, con las implicaciones para estos que puedan tener al manipular fármacos.

Por otro lado, el Colegio aprecia una invasión de competencias, ya que "la Junta fomenta el intrusismo profesional al encomendar actividades propias de los profesionales de enfermería al profesorado".

"El Consejo lleva mucho tiempo exigiendo que haya enfermeras que garanticen la atención a niños con necesidades de salud y para educar desde pequeños a tener un estilo de vida saludable y esta norma no responde a estas necesidades", ha señalado el presidente del Consejo, Alfredo Escaja.

"Estamos indignados por la falta de respeto de esta Administración a los enfermeros, además de preocupados por las consecuencias que esta norma pueda tener en última instancia para la atención sanitaria que reciben las personas más vulnerables, y que son los niños que tienen necesidades especiales ", ha agregado

Por todo ello, el Consejo Autonómico de Enfermería interpondrá un recurso para solicitar la paralización cautelar de esta norma "que va en contra de los derechos de los ciudadanos y atenta contra los profesionales".

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