Se trata de dos piezas del conocido como caso Cooperación -2 y 3- sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción en 2017 por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará desde esta próxima semana a Blasco -condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión-; su excúpula en la Conselleria (la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En el caso del exconseller se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. El juzgado encargado de la instrucción adoptó en su momento medidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso Blasco se fijaron en 8,2 millones de euros.

Hasta ocho millones se establecen para Augusto César Tauroni y para Llinares -para el resto de ex altos cargos son menores- y de 3,6 millones al propio Darder.

"DIRECTORES O JEFES DE GRUPO CRIMINAL"

En el auto de procesamiento de los ahora acusados, la magistrada instructora, Nieves Molina, concluía que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, su exjefe de área y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".

El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Hemisferio, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.

En el auto, la magistrada explicaba que Tauroni, desde su puesto de director de "facto" de la Fundación Hemisferio, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".

CORREOS ELECTRÓNICOS CRUZADOS

La jueza añadía que "prueba de lo anterior son los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de estos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".

Asimismo, señalaba que Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".

PETICIONES DE ANTICORRUPCIÓN

Por estas piezas, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Blasco y pide como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que solicita el fiscal es para Augusto César Tauroni, para quien reclama 21 años y medio de cárcel. También solicita que se le fije una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

Estas dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONGs en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

POSIBLES PACTOS

En la previa de la celebración de este juicio planea la posibilidad de que Fiscalía y algunos de los principales acusados alcanzaran un pacto antes de la vista. En junio del pasado año, de hecho, se puso sobre la mesa la opción de un acuerdo entre el ministerio público y los dos principales acusados, Rafael Blasco y Augusto César Tauroni para rebajar la solicititud de pena de prisión por estas piezas a cambio de que devolvieran fondos que se consideran defraudados.

EMBARGO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En paralelo al proceso penal, el Tribunal de Cuentas procedió en enero de este año a embargar de tres condenados en la pieza ya juzgada -la 1- del Caso Cooperación, entre ellos Rafael Blasco, transfirió esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

De este modo, el Tribunal de Cuentas persigue que los condenados en este caso devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua, pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en València.

De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y este tribunal ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas. Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.