Así lo ha aseguró el portavoz de la Plataforma Independiente de Padres Objetores a Educación para la Ciudadanía de Cáceres, Fernando Bernáldez. La plataforma, que agrupa a unas 50 familias, presentaron en Cáceres un recurso de alzada a título individual, ya que como colectivo no pueden hacerlo, para que las autoridades educativas extremeñas reconozcan su derecho a objetar.

Los recurrentes piden que sus hijos, que cursan tercero de Secundaria, no sean suspendidos por no asistir a las clases de la asignatura. Según Bernáldez, la Junta de Extremadura tiene un plazo máximo de tres meses para resolver el recurso, pero espera que lo haga antes, pues de lo contrario habrá terminado el curso y los alumnos podrían ser suspendidos al no haber acudido a las clases.

El recurso presentado por los padres cacereños alude a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 4 de marzo de 2008, en la que se reconoce el derecho a objetar y no cursar la materia, y el deber del centro y del Estado de no evaluar a ese alumno.

Los progenitores extremeños también exponen en su recurso su disposición a aceptar una alternativa a la asignatura que no vulnere sus derechos fundamentales y los de sus hijos.

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