Han tenido que pasar diez años, una larga batalla judicial y numerosas decepciones y aflicciones pero finalmente Vicente Flores ha visto cómo un organismo internacional le da la razón. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha determinado que el Ayuntamiento de Barcelona discriminó a este guardia urbano cuando, tras una incapacidad sobrevenida, le impidió pasar a segunda actividad y le obligó a jubilarse cuando solo tenía 31 años.

El dictamen concluye que la jubilación forzosa de este agente local infringe varios artículos de la convención sobre esta materia, en vigor en España desde 2008. Apunta por ejemplo que el Estado —contra el que se dirige la petición por ser el firmante del tratado— ha incumplido preceptos del artículo 27. Este insta a salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, "incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación".

Ese apartado prohíbe "la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación, continuidad, promoción y unas condiciones seguras y saludables". Reclama asimismo la contratación de estas personas en el sector público.

Por ello, Naciones Unidas determina que la Administración central debe compensar a Vicente por los gastos que el proceso le haya acarreado y adoptar medidas para "garantizar que sea sometido a una evaluación funcional alternativa, ya sea considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras complementarias".  Además tiene que adoptar las disposiciones necesarias para que las ordenanzas del Consistorio se ajusten a los principios de la convención y lo recogido en el dictamen. Dispone de seis meses para presentar al comité las decisiones que tome y es su responsabilidad "evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro".

"En un primer momento me quedé en blanco. No me lo esperaba porque pensaba que hasta 2021 no tendría una respuesta. Cuando reaccioné, abracé a mi mujer. Sin ella no habría llegado hasta aquí", cuenta Vicente al otro lado del teléfono. A partir de ahí vinieron las lágrimas y la montaña de rusa de sentimientos, "con picos y bajadas", la liberación de una década de tensión y el recuerdo de los compañeros que cayeron en una situación similar pero no lograron superarla. "Hay gente que se quitó la vida. Detrás de cada lesión hay secuelas, familias, separaciones y algunos no lo llevan bien", lamenta.

La suya fue la primera petición individual contra España ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y a ella le siguieron otras tres. La presentó en 2015, poco después de que Barcelona en Comú se hiciese con la alcaldía. El Ministerio de Trabajo había declarado su incapacidad total permanente para ejercer su profesión en 2009, a los dos meses de sufrir el accidente que le destrozó el pie derecho, y en 2010 el Ayuntamiento le denegó el pase a segunda actividad y forzó su jubilación. Había agotado todas las vías en el marco jurídico nacional y creyó que con el nuevo equipo de Gobierno la resolución de su caso estaría más cerca y tal vez no fuese necesario esperar a que Naciones Unidas se pronunciase. Cuatro años después se siente decepcionado con un Ejecutivo que en declaraciones a este diario asegura que "estudiará las recomendaciones de la ONU" pero insiste en que se actuó conforme a la ley.

Vicente confía en que el dictamen que tiene ya en sus manos "abrirá la puerta a muchos compañeros que han pasado por lo mismo". Él continuará luchando para que así sea a través de la asociación que creó con el objetivo de ayudar a otros agentes. Comenzaron en el ámbito autonómico, pero hoy contactan con la organización desde diferentes puntos de España.

Él agradece mucho el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El Cermi celebra la resolución y que se haya censurado la "vulneración flagrante" de la convención al negarse el derecho al trabajo de personas con discapacidad adquirida.

Leonor Lidón Heras, la jurista que coordinó y presentó la demanda, destaca el hecho de que el máximo intérprete de una convención que España firmó por voluntad propia le esté recriminando su incumplimiento. "La Constitución establece que tras la firma de un tratado internacional, y su posterior publicación en el BOE, este ya es aplicable. Pero a veces el ámbito de los derechos humanos está en la estratosfera. Es complicado invocar un derecho fundamental porque, si no está desarrollado, el juez se puede enfrentar a un abismo a la hora de aplicarlo. En este caso, sin embargo, esto no sucede, pues sí era posible evitar la discriminación que sufrió Vicente", afirma.

"Con esto se abre una vía muy interesante ya que hasta el momento el abogado podía alegar que se estaba vulnerando la convención pero ahora no lo dice el abogado sino su máximo intérprete", apunta y aboga por "un mecanismo de cumplimiento de la resolución del comité que asegure que la modificación normativa incluya la revisión de todas estas situaciones". "Eso depende del legislador. Ahí se verá si hay voluntad o no", agrega. Otra opción sería instar a la vía administrativa o a la judicial mediante recursos extraordinarios de revisión, entre otros.

El comité reclama que se valore de forma individual cada caso, cada puesto, y si hay algún desajuste, a realizar la adaptación concreta que el trabajador necesite por razón de su discapacidad. "El problema viene por no entender lo que significa la convención y por querer llevar a cabo un automatismo legal,", explica la experta y defiende que "hay muchas funciones que Vicente puede desempeñar porque es una persona que está formada, cualificada y motivada". De él resalta "la constancia, la paciencia y la fuerza para ir abriendo camino" y habla de que "a David le ha tocado vivir en su alma y en su cuerpo la desigualdad y la discriminación, frente al Goliat que, tanto en forma de leyes como de sentencias, vive ajeno a las vidas que modifica y al coste humano que impone".