La norma establece los principios y objetivos de la inspección ambiental, así como la planificación y las facultades del Ejecutivo, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero del ramo, Fernando Lastra.

El titular de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha precisado que el decreto fija las obligaciones de las empresas, que deberán facilitar las acciones de comprobación, contar con un representante ambiental e informar y actuar cuando se produzca cualquier situación anómala que pueda suponer una amenaza o un daño para el medio ambiente o la salud de las personas. Asimismo, las compañías tendrán que vigilar sus emisiones a la atmósfera.

El texto crea y regula la figura de los organismos de control ambiental como entidades de inspección o laboratorios de ensayo acreditados en los campos de atmósfera, aguas, residuos, suelos contaminados y ruido. Estos órganos ejercerán sus funciones a instancia de las instalaciones industriales o a requerimiento del Principado.

La legislación europea, ha explicado Lastra, avanza hacia la sustitución del control a priori de las administraciones por la vigilancia a posteriori, con el fin de que no se ralentice el inicio de las actividades económicas. No supone, ha precisado, "una pérdida de control", sino "un cambio en el momento en el que se lleva a cabo".

El decreto faculta al titular de la consejería con competencias en materia de medio ambiente para dictar instrucciones técnicas que concreten procedimientos de control de emisiones, así como modelos para los documentos de vigilancia que deben elaborar las empresas de acuerdo con lo requerido en su autorización ambiental.

En este sentido, el Principado ultima ya la redacción de tres instrucciones que desarrollarán el decreto aprobado hoy en otros tantos ámbitos: la gestión de las estaciones de inmisión atmosférica, el control de las emisiones por chimenea y el de las denominadas emisiones difusas.

La directiva europea de 2010 de emisiones industriales obliga a las administraciones a contar con un sistema de inspección ambiental y a elaborar planes plurianuales -que se ejecutan mediante programas anuales- y que se aplican a las industrias incluidas en el régimen europeo integrado de prevención y control de la contaminación.

En el Principado hay cerca de 80 instalaciones de estas características, que operan bajo el permiso ambiental único de la autorización ambiental integrada.

En el nuevo Plan de inspección, vigente hasta 2020, se realiza también un seguimiento de otro tipo de actividades con incidencia sobre el medio.

Lastra se ha mostrado confiado en que este sea "un instrumento más" al servicio de "una política que pretende mejorar la calidad aire y facilitar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de las industrias".