Así lo han asegurado este miércoles, en declaraciones a los medios, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, y la titular aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, instantes antes de reunirse en Toledo para intercambiar experiencias sobre cuestiones relacionadas con su ámbito de gestión.

María Victoria Broto ha subrayado la necesidad de que el Gobierno de España colabore "en mayor medida" para financiar la dependencia, un área "clave" para la gestión de los servicios sociales.

Al hilo de esta idea, ha explicado que en Aragón se ha realizado un "gran esfuerzo" para atender a los 30.100 pacientes en situación de dependencia que viven en esa región pero, a renglón seguido, ha lamentado que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que contemplan, ha precisado, una mayor inversión en esta partida respecto a ejercicios anteriores con la que se acabaría con las listas de pacientes dependientes aragoneses.

En línea con lo anterior, Aurelia Sánchez ha suscrito las palabras de la consejera aragonesa y ha recordado que la dependencia es una "prioridad" para las comunidades autónomas, pues afecta a "prácticamente a todas las familias".

CONCERTACIÓN SOCIAL

Además de la concertación sociosanitaria del sistema de dependencia, ambas consejeras han abordado el marco de concertación del Gobierno de Castilla-La Mancha con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de Atención Primaria.

Aurelia Sánchez ha recordado que, en el afán del Ejecutivo castellano-manchego por informarse de las políticas sociales de Aragón, visitó Zaragoza en aras de conocer la Ley de Concertación Social de esta Comunidad Autónoma, que impide que las entidades sociales tengan que competir con empresas mercantiles en concursos para la gestión de programas públicos.

Por su parte, María Victoria Broto ha afirmado que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales firma convenios anuales con las comarcas y los ayuntamientos cuya población supera los 20.000 habitantes para la gestión de los servicios sociales generales. A este respecto, se ha mostrado interesada por el marco de gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha, que establece conciertos con las entidades sociales por cuatro años.

En ese sentido, ha abogado por la aprobación de un decreto para extender estos convenios anuales durante toda la legislatura, dado que, a su modo de ver, daría mayor seguridad al sistema, rebajaría la carga administrativa anual e incrementaría la seguridad de las plantillas, "ventajas" que, según ha puntualizado, "redundarían en una mayor tranquilidad en la gestión de los servicios sociales".