Los hechos se remontan a junio de 2018, cuando la menor no regresó al domicilio familiar después de una fuerte discusión. La presunta víctima fue localizada al día siguiente por efectivos de la Policía Nacional, a quienes manifestó que no quería volver al domicilio por haber sufrido una serie de episodios de índole sexual protagonizados por la pareja de su madre.

La Audiencia considera como hechos probados que la presunta víctima "ha tenido problemas de conducta desde el año 2010, con un comportamiento violento y agresivo que ha sido diagnosticado como Trastorno del Comportamiento perturbador no especificado". De hecho, ha sido objeto de seguimiento por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León desde entonces.

El tribunal, después del proceso, ha razonado que "no existe ni una sola prueba de cargo" para sustentar la versión de la menor y para ello se ha apoyado en los testimonios de la presunta víctima y del acusado, así como de los informes psicológicos del CEAS del Ayuntamiento de Zamora, donde "no se revela la posible existencia de alarma alguna por la existencia de abusos sexuales".

A todas estas pruebas practicadas en el juicio se ha unido el resultado del informe psicosocial forense sobre la credibilidad de la víctima, que resuelve que "no se puede determinar dicha credibilidad".

Ante esta situación, la Audiencia Provincial ha decretado la absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables al mismo. No obstante, aún cabe recurso de apelación ante el TSJ de Castilla y León.