Casa Caridad València
La entidad benéfica ofrece, además de servicios básicos, el apoyo de trabajadores sociales. 20MINUTOS.ES

Los perfiles de la pobreza y de la exclusión están cambiando en Valencia, no solo por la propia evolución económica y social de la ciudad, sino por factores externos relacionados con los movimientos migratorios y la situación internacional. Así lo han explicado este miércoles los responsables de Casa Caridad, una entidad benéfica privada que atiende cada día a cientos de personas en sus centros, tanto desde el punto de vista de la alimentación y el alojamiento como de la integración.

Esta nueva tipología de usuarios tiene que ver con la llegada de familias, un perfil que estaba desapareciendo de los comedores y albergues sociales. Se trata de unidades biparentales, con dos o más hijos, que llegan a Valencia procedentes de países de Europa del Este, Latinoamérica o África solicitando protección internacional.

Según ha afirmado el presidente de la entidad, Luis Miralles, el cierre de fronteras en Grecia e Italia "supone más llegadas para solicitar asilo y ayuda" a España de personas que buscan "una segunda oportunidad" tras huir de la guerra o el hambre.

Por ejemplo, el número de atendidos en el comedor social se incrementó un 44% en 2018, hasta alcanzar el promedio de 300 personas atendidas al día, o lo que es lo mismo, unas 1.000 raciones diarias entre desayunos, comidas y cenas. En el conjunto del año, repartió 327.741 raciones de alimentos, un 8,4% más. El número de extranjeros aumentó un 66% y ya representan el 71% de los usuarios del comedor, frente al 29% de españoles, que también han subido, pero mucho menos.

Por nacionalidades, las que más crecen son Georgia (que se ha multiplicado por 12), Ghana (x5), Rusia, Ucrania, Cuba y Colombia (x4) y finalmente Honduras, Senegal y Venezuela (x2).

Las 300 personas atendidas cada día en el comedor social están lejos del récord alcanzado en 2009, en plena crisis, cuando se llegó a 640. Aquella situación provocó incluso problemas de seguridad en las puertas de la histórica sede del Paseo de la Pechina de Valencia, según Miralles, quien ha dicho que están "un poco preocupados" porque la cifra creció mes a mes en 2018 y también lo está haciendo este año.

Cristina Sánchez, trabajadora social de Casa Caridad, explica que las familias que solicitan protección internacional llegan a entidades benéficas y allí se mezclan con personas en riesgo de exclusión social, pese a que en muchas ocasiones presentan problemáticas muy distintas. Se trata de familias "que en sus países estaban normalizadas y se han visto expulsadas. Un albergue aquí no es el lugar más adecuado para ellas", añade Miralles.

Sánchez también ha aludido a otros perfiles, como el de personas con problemas cronificados (mentales o de adicciones) que viven en la calle, el de personas mayores solas que presentan problemas para pagar el alquiler, sobre los que ha incidido en la necesidad de prevenir posibles caídas en la marginalidad, y finalmente jóvenes de 18 a 30 años sin trabajo que acuden al comedor social, un grupo que se ha triplicado entre 2014 y 2017.

Además, ha citado el problema del acceso a la vivienda, que no solo afecta a las personas sin hogar, sino también a quienes ha definido como "trabajadores pobres".

En conjunto, la entidad realizó el pasado año 435.802 atenciones con personas desfavorecidas, un 7,6% más que en 2017 y el doble que hace cinco años, pese a la leve mejora de la situación económica. Al margen del servicio de comedor, los dos albergues alcanzaron una ocupación del 100% de sus 159 plazas, con 44.363 pernoctaciones.

Llamamiento a la solidaridad

Para poder seguir prestando sus servicios, que también incluyen escuelas infantiles (con 166 niños atendidos), un centro para convalecientes en Benicalap o un asesoramiento individualizado e integral para la reinserción social (con un 4,3% más de atenciones en 2018), Casa Caridad ha puesto en marcha una campaña, #votacontralapobreza, que busca apelar a la solidaridad de la sociedad valenciana "para mantener y aumentar nuestra acción social", ha manifestado su presidente. En la actualidad, cuenta con 3.860 socios y la colaboración de 153 empresas.

Miralles, que ha recordado que solo el 30% de los 4,5 millones de presupuesto proceden de las administraciones públicas, ha pedido a los diferentes partidos que se presentan a las elecciones "que confíen en las entidades que sabemos hacer las cosas", al tiempo que ha alabado la gestión de la concejala de Bienestar Social de Valencia, Consol Castillo, y ha criticado la reducción de la subvención de la Generalitat desde los 400.000 a los 360.000 euros.

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