Universidad de Cádiz
Universidad de Cádiz EUROPA PRESS - Archivo

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio formado por profesores de la Universidad de Cádiz (UCA) que supuestamente utilizaron de su cargo para gestionar en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación.

Estos fondos, finalmente, fueron desviados a fines ajenos para beneficio propio y el de terceros, en concreto, entre ellas, se incluiría la construcción de un chalé. Las primeras investigaciones permitieron determinar que las cantidades desviadas de fondos públicos habrían ido a parar a la construcción de esta lujosa vivienda particular situada en la Urbanización de Vistahermosa, de El Puerto de Santa María.

Los principales investigados resultaron ser dos profesores de la Universidad que supuestamente contaron con la ayuda de empresarios dedicados en su mayoría al ámbito de la construcción y equipamiento de hogar.

Se ha detenido a un total de seis personas, el matrimonio y cuatro personas, entre ellos empresarios de Sanlúcar de Barrameda, a los que se les imputa la supuesta participación en delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Además, otras dos personas se encuentran como investigados no detenidos.

La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017, a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz, tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz al detectar que un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la FUECA.

Según fuentes policiales, habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente. Estas empresas habrían modificado los conceptos de las facturas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas.

La Universidad de Cádiz, como intermediaria de los fondos, habría estado autorizando el abono de dichos pagos en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.

La investigación policial

Tras el análisis de los datos obtenidos, los agentes especialistas en delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico han podido determinar que el dinero desviado del erario público supondría una cantidad superior a los 730.000 euros, de los cuales casi 700.000 supuestamente fueron defraudados a través de la Universidad de Cádiz y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.

Asimismo, se han practicado registros domiciliarios en dos inmuebles de El Puerto de Santa María, en los cuales los ahentes han incautado numerosa documentación y equipos informáticos relacionados con la causa investigada.

Por órden judicial, se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados.

La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros.

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