La declaración como testigo del inspector jefe de la Policía Judicial que ha tenido lugar este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en relación al denominado 'caso Móviles' confirma el "carácter delictivo de los hechos", según han asegurado los abogados defensores de los querellantes.

Ante los medios de comunicación, el abogado de los querellantes, Nicolás González-Cuellar, ha explicado que tanto su declaración como la del resto de declaraciones que se han producido estos días en el TSJIB confirman también el "carácter absolutamente arbitrario de la actuación" del juez instructor Miguel Florit, que el diciembre pasado ordenó la incautación del teléfono móvil de una periodista de Europa Press, Blanca Pou, y de un periodista de 'Diario de Mallorca', Francisco Mestre, en el marco de la instrucción del 'caso Cursach'.

Tras esto, González-Cuellar ha tachado de "inadmisible" el "ataque a la libertad de prensa y al secreto profesional" y ha considerado que este "debe tener su respuesta en el ámbito penal" como está actualmente esta sucediendo". "Confiamos en la acción de la justicia, y mantenemos acción penal", ha remarcado.

Por su lado, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha manifestado que espera que el caso acabe con un sobreseimiento porque, según él, "no hay indicios de delitos" por lo que quiere que se produzca una resolución en "sentido favorable" al juez Florit.

Por su lado, Pou ha relatado este martes en su declaración como testigo en el TSJIB que los agentes que participaron en el registro de la sede de la agencia el pasado 11 de diciembre accedieron a su correo.

Según ha declarado ante la magistrada Felisa Vidal, los agentes pidieron ver su correo electrónico y uno de ellos utilizó en ese momento el equipo que la redactora tenía en la delegación -ordenador que ese mismo día también fue incautado-, donde tenía abierta la sesión de su correo personal, el corporativo y el oficial de la delegación.

La redactora también ha revelado que, tras mostrarle la orden del juez, le exigieron la entrega del móvil y de las claves de éste. Así, para comprobar las claves en el mismo acto de incautación, accedieron al teléfono y a la caja fuerte de Android del terminal.

Con esto, Pou ha reiterado que no entregó su dispositivo de manera voluntaria y también ha explicado que en el momento de la incautación protestó y manifestó que esta vulneraba su "secreto profesional".

"NO ME DIERON OTRA OPCIÓN"

Por su parte, Mestre ha asegurado durante su declaración que no le dieron "otra opción" que no fuera entregarlo porque, tal como ha dicho, "lo podía hacer voluntariamente o mostrando resistencia" y, en ese caso, ha dicho, "hubiera acabado detenido o con una acusación de delito de desobediencia".

Mestre ha manifestado que no le dieron posibilidad de realizar "un volcado" del móvil y ha explicado que solo le dijeron que se lo devolverían "lo antes posible". También ha expresado que no le dejaron hablar ni con la directora de su medio ni con su abogado.

Asimismo, ha censurado el daño "personal y profesional" que supuso esta actuación policial que tuvo lugar en diciembre. De esta manera, ha calificado que la incautación de móviles a periodistas es "un hecho gravísimo" porque "quién se va a fiar de mí o de cualquier periodista si la policía, por orden de un juez, requiere un teléfono móvil, que es una herramienta fundamental".

"¿Cómo podemos proteger a nuestra fuente?", ha planteado para luego añadir que "si esto se justifica no se podrá proteger a las fuentes" y, por lo tanto, "se ha acabado el periodismo de investigación y, casi, casi, el periodismo de denuncia".

QUERELLA POR VULNERACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL

Cabe recordar que los periodistas y sus medios de comunicación interpusieron una querella contra Florit después de la incautación de los móviles -así como dos ordenadores y diverso material en la sede de Europa Press- por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico.

Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma. En el caso de Pou, requirieron a una operadora datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Cabe recordar que Florit declaró como investigado este lunes, tras la querella presentada por Europa Press y 'Diario de Mallorca'. Durante su declaración ante Vidal dijo que no consideraba haber vulnerado el secreto profesional al ordenar la incautación y el rastreo de móviles de ambos periodistas.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, que declaró como testigo también este lunes ante Vidal, defendió su actuación en el caso

al avalar las medidas solicitadas por la Policía Nacional.