Así lo ha manifestado la portavoz en rueda de prensa después de que la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (Uplba) en Almería haya criticado la decisión de "retraer" efectivos del turno operativo para crear dicho grupo "antes de las elecciones" cuando además se trata de una "competencia compartida" con la Policía Nacional.

Vázquez ha apuntado que el operativo parte de las mesas de trabajo organizadas "hace meses" y participadas por vecinos, asociaciones y diferentes áreas municipales para tratar de "erradicar" la prostitución en la zona, que supone una "demanda histórica" en la zona.

Así, ha detallado que la prostitución que se ejercita en el barrio de Oliveros "es voluntaria", aunque ahora "se quiere trabajar con las asociaciones" que "defienden los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución" para acabar con ella, lo que "no tiene que ver con las elecciones".

"No son solo los policías locales sino que también se va a dar asesoramiento a las mujeres que se sientan maltratadas o explotadas", ha detallado la edil, quien ha asegurado que se ha tratado de abordar este asunto con "delicadeza" para, al mismo tiempo, "recuperar una zona de uso" para los vecinos, quienes estarían informados al respecto, según la concejal.

En esta línea, ha apuntado que hasta ahora se ha desarrollado una labor disuasoria de carácter "pedagógica" y "preventiva" entre los consumidores de prostitución, pero no "punitiva", con lo que no se han interpuesto denuncias. A pesar de ello, la iniciativa, que se efectúa de "dos o tres veces" al año, ha tenido "bastante éxito" en otras zonas de la ciudad, como El Zapillo, según Vázquez.

Desde el Consistorio han apuntado que a partir de ahora se aplicarán multas por una infracción grave recogida en el artículo 36.11 de la Ley de Seguridad Ciudadana que impone sanciones de entre 601 y 30.000 euros por la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público.

Los agentes actuarán al amparo de dicha ley y no mediante regulación por ordenanza, ya que les faculta para requerir a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, de manera que lo contrario podría constituir una infracción por desobediencia o resistencia a la autoridad. Las sanciones administrativas se tramitarán ante la Subdelegación de Gobierno.