Aquel 16 de enero, según informaban a Europa Press fuentes del caso, la vista comenzó con una primera intervención del abogado que representa a los bomberos interinos promotores del litigio, seguido de la intervención de la abogada que representa los intereses de la Diputación de Sevilla. Después habría intervenido de nuevo el abogado de los bomberos interinos, esgrimiendo un informe pericial ante el cual la juez encargada de la vista habría decidido suspender la sesión, para que la abogada de la Diputación pudiese estudiar dicho documento y no incurrir así en una situación de "indefensión".

A tal efecto, el juzgado había fijado para este miércoles 10 de abril la finalización de esta vista oral, si bien tal extremo ha sido finalmente aplazado al próximo 5 de junio, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Hablamos del conflicto que pesa sobre las oposiciones promovidas por la Diputación de Sevilla para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla, cuya primera prueba se celebró el pasado 3 de marzo de 2018 con un examen tipo test.

POSIBLES "ANOMALÍAS"

En dicha prueba firmaron su examen 834 aspirantes, superando 212 de ellos la nota de corte, toda vez que tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles "anomalías" en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía.

Y es que entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban, según un decreto de la Fiscalía recogido por Europa Press, "opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como funcionarios interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos", señalando la empresa especializada DARA en un informe la "alarmante coincidencia" en las respuestas de estos 65 opositores a un grupo concreto de preguntas de la prueba.

No obstante, la Fiscalía archivó la investigación de la prueba, porque "ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal (entre ellos miembros del cuerpo de bomberos) percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión" en la que fue confeccionado el test de aquella prueba inicial, ni media tampoco "relación entre las preguntas comunmente acertadas por los aspirantes" considerados como "sospechosos" y "la identidad del autor de las mismas".

EL "ESTUDIO DE RIESGOS"

"Es decir, se da un número elevado de aciertos en preguntas elaboradas por los denunciantes (miembros del tribunal) e incluso preguntas contestadas de forma incorrecta y que habían sido confeccionadas por vocales del tribunal pertenecientes al cuerpo de bomberos", indica la Fiscalía, zanjando además que el "estudio de riesgos" encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes considerados como "sospechosos", cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, "pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial".

Dado el archivo de la investigación, los bomberos interinos que concurrieron a este concurso oposición reclaman la revocación de la decisión de anular la prueba inicial del 3 de marzo, frente a lo cual la Diputación defiende que ha seguido en todo momento "las indicaciones" de sus servicios jurídicos, manteniéndose a la espera de la resolución del litigio contencioso administrativo promovido por los opositores contra dicha decisión.

Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla tenía fijada para octubre de 2018 la primera vista destinada a abordar los recursos promovidos contra la anulación de la prueba del 3 de marzo de 2018, si bien la sesión fue finalmente aplazada al pasado 16 de enero, y tras comenzar la sesión aún debe ser finalizada.