El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 3:30 horas del 7 de octubre de 2018, el acusado estaba en su domicilio, en Aller, con una mujer, con quien mantenía una relación de amistad. Después de beber bebidas alcohólicas, la tiró sobre el sofá y la agredió con una botella de sidra en la cabeza, solo por el hecho de ser mujer. Seguidamente la mujer abandonó la vivienda y pidió ayuda a unos vecinos.

Inmediatamente después, el acusado se ausentó de lugar de los hechos en coche, tras beber una cantidad de alcohol suficiente como para quedar incapacitado para conducir, mermando sus reflejos.

Después de circular dos kilómetros, perdió el control del vehículo y se salió de la vía. La Guardia Civil le practicó el test de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,99 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba, a las 4,56 horas, y de 0,97 mg/l, en la segunda, diez minutos después. El acusado presentaba además aliento con fuerte olor a alcohol, pupilas dilatadas, habla pastosa y pérdida de equilibrio.

La víctima sufrió lesiones que requirieron sutura con grapas y tardó en curar 10 días. La mujer no reclama indemnización alguna.Por su parte el acusado es alcohólico severo a tratamiento psiquiátrico y su imputabilidad en la fecha de los hechos estaba muy disminuida.

El acusado cometió la agresión con ánimo discriminatorio, por el simple hecho de que la víctima es mujer, y ello con efectos de dominación sobre la misma.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones y de un delito contra la seguridad vial. Concurre en relación al primer delito, la eximente incompleta de intoxicación por alcohol y la agravante de discriminación por razón de género (alternativamente, agravante de discriminación por razón de sexo) y solicita que se condene al acusado a un total de 3 años de prisión, multa de 9 meses con una cuota diaria de 9 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, medida de internamiento en centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado u homologado durante 3 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al SESPA con 214,78 euros por la asistencia sanitaria a la víctima, más los intereses legales correspondientes.