Sevilla.- Tribunales.- Previsto este lunes el juicio contra la alcaldesa de Alma
Sevilla.- Tribunales.- Previsto este lunes el juicio contra la alcaldesa de Alma ARCHIVO

Así lo ha indicado el representante legal en la lectura de sus conclusiones en la que ha subrayado que Felicidad Fernández cuando tiene constancia de la irregularidad de los contratos solicita la revisión de oficio de esos contratos con el fin de extinguirlo e iniciar un concurso público para "subsanar el error" algo que se hizo en septiembre de 2017, "días antes" de la denuncia formulada por la propia Fiscalía en octubre de 2015, después de que los concejales de Unidos por Almadén elevasen al Ministerio Público las mencionadas contrataciones, realizadas por la alcaldesa. En ese sentido, ha señalado que "no hubo dolo ni a sabiendas" y que "el error ya ha sido subsanado" y por el principio de intervención mínima "cabe pedir la absolución".

En la vista oral, la alcaldesa ha señalado que ordenó la contratación de estos trabajadores "sin conocer la normativa a seguir" y "como se venía haciendo tradicionalmente" con el fin de solventar una "urgencia" solicitada por el tesorero del Ayuntamiento de Almadén.

Asimismo, ha declarado el interventor municipal, quien ha asegurado que en la contratación de estas dos personas observó que no se habían seguido los cauces legales, algo que también observó "en contrataciones anteriores del Ayuntamiento", y que posteriormente esas contrataciones se regularizaron con un concurso público con las circunstancias de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad "como recoge la normativa".

De otra parte, ha declarado el tesorero del Ayuntamiento, quien ha reconocido que instó a Felicidad Fernández a contratar a dos personas ante la situación de que "el Estado tenía retenidos los ingresos de participación en el ente municipal" del Consistorio de Almadén a consecuencia de "no haber rendido información al Ministerio correspondiente" y ante la "necesidad" de esos ingresos para "hacer frente al pago de nóminas y responsabilidades" se necesitaban esas dos personas, si bien ha reconocido, que uno de los contratados, J.O.F., "sus funciones eran desarrollar proyectos del Área de la Juventud".

Por otro lado, han testificado los dos trabajadores contratados, J.O.F., quien ha reconocido ser primo hermano de la primer edil, y J.A.B.V., que en sus declaraciones han asegurado que fueron contratados por el Ayuntamiento y que en septiembre 2015 extinguieron sus contratos tras la detección de "irregularidades" y que tras superar un concurso público en el que se presentaron otros candidatos, volvieron a ser contratados y en la actualidad siguen siendo trabajadores del Consistorio de Almadén.

Con todo, la Fiscalía ha señalado que a pesar de la "costumbre" del Ayuntamiento de Almadén de realizar las contrataciones sin seguir los procedimientos, el hecho a dilucidar en este juicio, basado en dos contrataciones irregulares, es "notorio y público". Así,, en sus conclusiones, el Ministerio Público ha apuntado que la alcaldesa ha incurrido en un presunto delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal al indicar que Fernández ha reconocido "que prescindió de manera absoluta del procedimiento regular" al "no conocer la normativa" pese a que "al ostentar un cargo público debería conocer el procedimiento". Por ello, ha solicitado que se la condene a trece años de inhabilitación de cargo público "en cualquier administración"

ANTECEDENTES DEL JUICIO

Cabe recordar que en principio, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla tenía previsto celebrar este juicio el 26 de mayo de 2018, si bien antes de la sesión decidió suspender la misma, y después fuentes judiciales informaban a Europa Press de que el juicio sería celebrado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial el pasado 12 de diciembre.

No obstante, aquel día de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial decidió aplazar la vista a este lunes, en un contexto en el que Felicidad Fernández ha optado por no concurrir de nuevo a las elecciones municipales, que se celebran el próximo 26 de mayo.

En un auto del 1 de marzo de 2016 del l Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra, recogido por Europa Press, se considera que la investigación de los hechos "se desprende que Felicidad Fernández, en su condición de alcaldesa de Almadén de la Plata desde el 13 de junio de 2015, contrató el 19 de junio de 2015 a J.O.F., familiar suyo, para que prestase servicios en el Ayuntamiento como agente de dinamización juvenil, firmando un contrato laboral de duración determinada", y tres días después contrató a J.A.B.V. "como coordinador del proyecto Ribete a jornada completa, cuando la subvención base del contrato era para un contrato a media jornada".

"Estas contrataciones se llevaron a cabo por la señora alcaldesa de forma unilateral y sin sujeción a procedimiento administrativo alguno", exponía la juez instructora en su auto de procedimiento abreviado, apreciando un posible delito de prevaricación administrativa.

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