El Partido Popular ya ha presentado su programa electoral. Un total de 500 medidas que desde la dirección se plantean como "un contrato con España" de cara a los comicios del 28 de abril. Divide su plan en diez bloques, que van desde el "fortalecimiento de la nación" hasta una "regeneración democrática". Rehuyen temas como la corrupción, el aborto o las propuestas enfocadas al colectivo LGTBI.

El PP propone reforzar la cohesión nacional mediante una batería de medidas legislativas como la Ley de Lengua, la Ley de Símbolos Nacionales y la Ley de Concordia -que sustituirá a la ley de Memoria Histórica-. Así, por ejemplo, la formación tipificará la convocatoria ilegal de referéndum y se prohibirán los indultos por rebelión y sedición. Esta es la vía para defender "la unidad de España y la Constitución". Es más, se compromete a trabajar "por la independencia" del poder judicial. Se puede hablar, por tanto, de recentralización. El PP propone reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas y no ceder más competencias a las mismas, así como una moratoria para aquellas que "no cumplan".

El segundo bloque incluye la ya renombrada por el partido como "revolución fiscal". Casado promete el IRPF, situando el tipo máximo por debajo del 40%; una bajada del Impuesto de Sociedades a un tipo máximo del 20%; la supresión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y AJD. Además, el PP, como ya anunció hace semanas, apuesta "por blindar fiscalmente el ahorro para la jubilación".

Por otro lado, tratará de llevar a cabo una reforma educativa, que incluirá un MIR para profesores y que tendrá el castellano como lengua vehicular. Tal como explican desde Génova,  "se aprobará una ley que garantice la libertad educativa" y defenderán la educación concertada. En términos del Estado del bienestar, Pablo Casado se compromete a desarrollar políticas en dependencia, como la reducción de las listas de espera.

También añade al programa una de las medidas "estrella" de la formación: una Ley de apoyo a la maternidad "que contemple un conjunto de medidas para poner en valor la maternidad, ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, e impulsar medidas fiscales en favor de las familias", expresan.

Habla de regeneración y transparencia, pero no menciona la corrupción como tal. En ese apartado, se compromete a "restringir el uso del decreto ley en la época previa a elecciones". Este es un claro mensaje a Pedro Sánchez, como también  su intención de "garantizar la profesionalización del CIS". "Sus encuestas estarán guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas como ha ocurrido en los últimos meses", sentencian.

Incluye, asimismo, medidas de "sensibilización" sobre violencia de género, y en este sentido se comprometen a ampliar los supuestos para la prisión permanente revisable. "Aprobaremos protocolos coordinados y homogéneos entre el Estado y las comunidades autónomas para edila detección y actuación contra la violencia de género desde los centros educativos", añaden en el programa. En este sentido quieren mejorar la formación de los profesionales sanitarios en violencia machista.

Otro de los puntos clave es la parte económica. Casado ha hecho hincapié en esta área. El programa electoral recoge el compromiso de agilizar al máximo el proceso de constitución de empresas, poniendo en marcha "una autopista administrativa para que en siete días, como mucho, puedan crearse nuevos proyectos".

Se enfoca, en otro de los aspectos recogidos, en impulsar el mundo rural y el desarrollo de las nuevas tecnologías en estas zonas para evitar la despoblación. Se compromete a un Plan de Desarrollo de la España Rural para fomentar la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento.

"La lucha contra las mafias de inmigración ilegal será una prioridad basada en la cooperación con los países de origen y en el rechazo en frontera", explican desde Génova. Con todo, el PP elaborará un Plan Especial de lucha contra la inmigración irregular "que contemple especialmente la mejora de los medios a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Derogaremos el Decreto Ábalos en los sectores del taxi y de los VTC, garantizando la libertad de elección del usuario". De esta manera, el PP se posiciona completamente contra las políticas de la izquierda en este sentido. Y es que además asegura que suprimerá "las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel".

No renuncia, eso sí, a los cambios: "Aprobaremos planes autonómicos y locales para la renovación de los vehículos más contaminantes". Hablan de sustituir los vehículos de transporte público más perjudiciales para el medioambiente "por otros cero emisiones".