Los hechos, según recoge el escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press, se remontan al 30 de junio de 2011 cuando el acusado J.I.H.S., como administrador único de la mercantil Automóviles Singulares S.L., obtuvo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la cantidad de 500.000 euros.

Dicha cantidad obedecía a "una ayuda concedida en un plan

de reindustrialización consistente en un préstamo sin interés a devolver en diez años". El dinero estaba destinado a "llevar a cabo el proyecto de industrialización de procesos productivos de vehículos singulares", o lo que es lo mismo, la fabricación de vehículos de lujo.

Como toda ayuda pública, el dinero estaba condicionado al cumplimiento de los objetivos fijados por la propia administración y de los que, según hace constar el Ministerio Fiscal, era "conocedor" J.I.H.S.

El 7 de junio de 2012, al advertir la Administración de que el dinero no se estaba destinando a la finalidad autorizada, se requiere a J.I.J.S. para que justifique el uso del dinero. Finalmente, en mayo de 2013, el Ministerio ordena la devolución al Tesoro Público de la cantidad prestada más 45.479 euros en concepto de intereses al "incumplirse por el acusado las condiciones de la financiación".

Asimismo, recoge Fiscalía, que "pese a los esfuerzos de la Administración en lograr la devolución de las cantidades indicadas, ha resultado imposible al descapitalizar la empresa el acusado". Añade que el acusado "no tuvo intención alguna de destinar el dinero prestado al fin autorizado.

De hecho, transfirió a la empresa de su propio padre y también acusado en esta causa, J.H.G., 336.525 euros. Lo hizo, según el fiscal, sabiendo su padre "de los fines espurios" de la operación" porque "tal cantidad no obedecía a prestación real alguna, si bien la citada mercantil emitió factura simulando que se había realizado un trabajo para la mercantil del acusado J.I.H.S.".

Con la misma finalidad, el acusado transfirió 150.225 euros a una empresa de catering cuyo administrador, M.Á.V.D., también se sentará en el banquillo. El resto del dinero hasta los 500.000 euros "se lo quedó el propio acusado J.I.H.S. que lo retiró por ventanilla".

El Ministerio Fiscal concluye que además de no cumplirse con los términos de la ayuda pública recibida y "cuando la administración intentó recuperar el dinero, los acusados puestos igualmente de acuerdo burlaron el acreedor que no ha conseguido la devolución de cantidad alguna".

Los hechos han sido calificados inicialmente por el Ministerio Fiscal como constitutivos de un delito de fraude de subvención o ayudas y un delito de alzamiento de bienes. De estos dos delitos es responsable J.I.H.S., mientras que los otros dos lo son, según Fiscalía, como cooperadores necesarios.

Por los delitos, el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión para cada uno de los tres acusados, multas de un millón de euros también para cada uno de ellos, otra multa de 4.800 euros, y la devolución del medio millón de euros de la ayuda, más los intereses correspondientes.