"La resolución daba un plazo de 10 días hábiles para el cierre voluntario de las instalaciones, un periodo que concluye este viernes. Dado que el centro privado ha presentado un recurso de paralización de esta actuación cautelar, la Administración habrá de esperar a la decisión judicial, y a que sea comunicada oficialmente a las partes, para proseguir con el procedimiento sancionador abierto", indican desde el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Además, señala que la Consejería "se ha puesto en contacto nuevamente con los familiares de los usuarios que aún permanecen en el centro para mantenerles informados de manera directa sobre esta circunstancia".

"Cabe recordar que junto a la medida de suspensión de funcionamiento, tomada en el seno del procedimiento sancionador abierto, la consejería tiene en marcha otro proceso para la posible revocación de la autorización de prestación de servicios de atención residencial a personas mayores", añade.

Asimismo, recuerda que el Gobierno adoptó estas medidas "a raíz del atestado policial recibido en el servicio de inspección de la consejería, en el que se detallaba una actuación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad hace dos fines de semana".