El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco, ha asegurado este viernes que lo que para los miembros de esta entidad es "un acto de amor se convierte en un acto punible por el Código Penal".

Así se ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, sobre el caso de Ángel Hernández, que suministró a su mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal una sustancia letal que le provocó la muerte, después de que ella se lo pidiera. Se le acusa de un delito de homicidio.

Velasco ha insistido en que le parece "indignante" que Hernández esté investigado por "un acto de amor" cometido "después de estar 30 años cuidando a María José - la mujer fallecida- y haberla ayudado a salir de un intento de suicidio que intentó cometer hace muchos años".

Sobre la posibilidad de que Hernández sea indultado, el representante de Asociación Derecho a Morir ha señalado: "No nos parece mal", aunque ha insistido en que "no debería estar imputado", por lo que reclama "urgentemente" un cambio legislativo.

En este sentido, respecto a la posible aprobación durante la próxima legislatura de una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido, se ha mostrado "esperanzado", pero también "indignado porque después de 35 años luchando por esta causa todavía existe la misma situación legal". Ha citado el caso de Ramón Sampedro, que hace 21 años pidió ayuda para provocarse la muerte. "A día de hoy no le podríamos ayudar, o quien le ayudara estaría imputado por ayuda al suicidio", ha lamentado.

Sin embargo, Velasco ha remarcado que, actualmente, la mayoría de fuerzas políticas están a favor, y ha puesto el foco en que "por primera vez, ha habido una muy clara manifestación" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre que su formación "apoyaría el trámite de una ley".

"Desde la época de Ramón Sampedro, ha aumentado la proporción de población que está a favor de la eutanasia", ha indicado, para hacer hincapié en que el último estudio del CIS señala que alrededor del 84 por ciento de la población está a favor de regular esta práctica médica.

LEGISLAR, UN "IMPERATIVO MORAL"

Por ello, la entidad no entiende "cómo no se hacen eco los políticos y que de una vez se legisle". "Nos parece un imperativo moral que no se vuelva a repetir ningún caso tan doloroso como el de María José y Ángel", ha añadido.

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha incidido en que, en España, "los partidos políticos han sido muy reticentes" a regular esta práctica, "a excepción de Izquierda Unida, y también es verdad que Esquerra Republicana lo defendió en su día".

"Hasta hace realmente muy poco, solo hubo una presentación de una ley por parte de Podemos y las Mareas en 2017, que no salió adelante por la oposición de Cs y PP, y por la abstención del PSOE", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que en 2018 se conoció "la presentación de la ley del PSOE que sí que se admite a tramite, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción del PP, que hace una enmienda a la totalidad", y ha incidido en que "Cs mantenía una situación ambivalente, ya que en la anterior legislatura dijo que en principio apoyaría la propuesta si el PSOE aprobaba la ley de muerte digna de Cs".

"Es verdad que en el trámite ha habido unas 12 prórrogas y 19 situaciones de retraso, todas promovidas por la mesa del congreso que contaba con el control del PP y Cs. En esta situación ha acabado la legislatura", ha añadido.

Respecto al vídeo grabado por Hernández y Carrasco, Velasco ha manifestado que en él "queda claro que hay una expresa voluntad de María José de que ella pide ayuda para morir", y ha mencionado que "se sabía previamente porque en octubre hizo un vídeo público donde ya lo solicitaba".

"Se filma la muerte para que quede bien clara la implicación de Ángel ayudando, pero es ella quien en última instancia absorbe con la pajita la medicación y corrobora su voluntad de morir", lo cual "será un atenuante" con el que espera que la pena no llegue a dos años para que no tenga que entrar en prisión.

"QUE SEA EL ÚLTIMO CASO"

Por otro lado, también ha destacado que "a la luz pública no sale una memoria de casos y eso es comprensible, primero por la intimidad de las personas que quieren salvaguardarla, pero también por la repercusión y el problema legal. De hecho, Ángel está en libertad con cargos, pendiente de una valoración judicial, y esto hace que las familias no quieran divulgarlo ni hacerlo público".

"Está claro que lo que quieren hacer de su caso es un eco mediático para que de una vez se plantee la necesidad de legislar. No han tenido la oportunidad de haber utilizado la eutanasia ni el suicidio asistido para acabar con su vida y quieren que sea el último caso", ha concluido.