Además, se firmó el protocolo general de actuación para canalizar el crédito previsto nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la financiación de programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias, por importe de 12 millones de euros, a los que hay que sumar 7 millones más para prevención en el ámbito de la infancia y la familia.

En declaraciones a los medios, Cristina Valido resaltó que estos fondos suponen un 60% más con respecto a 2016 y, en relación al pasado ejercicio, crecen en dos millones más fruto del compromiso que adquirió el Gobierno de Canarias de incrementar la partida dirigida a los trabajadores que gestionan la PCI, lo que permitirá a los ayuntamientos contratar a más personal para atender a los colectivos más vulnerables.

La consejera indicó que, hasta el año pasado, se habían incorporado a unas 15.000 personas a través de las ayudas de los ayuntamientos y el incremento de las partidas, una cifra que "podría mejorar en tanto vuelven a crecer los fondos de forma relevante, lo que no significa que haya más gente solicitando ayudas, sino que se atiende a más gente de la que solicita ayuda, precisó Valido.

La responsable de Políticas Sociales indicó que, a través de estos protocolos, antes se atendían a 170.000 personas y hoy a 185.000, si bien hay margen para que otras familias que estuvieran en espera por falta de recursos puedan ser atendidas este año.

El presidente de la Fecam, por su parte, manifestó su gratitud por el esfuerzo que están haciendo tanto el Estado, como el Gobierno de Canarias, así como el esfuerzo que también están llevando a cabo las administraciones locales para atender las necesidades básicas de los ciudadanos de sus municipios.