Gobierno y comunidades acuerdan que víctimas de violencia machista accedan a ayudas sociolaborales sin existir denuncia

  • SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Gobierno y comunidades acuerdan que víctimas de violencia machista accedan a ayu
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Gobierno y comunidades acuerdan que víctimas de violencia machista accedan a ayu

El Gobierno y las comunidades autónomas han diseñado este miércoles, 3 de abril, un modelo común de título habilitante para acreditar una situación de violencia de género a través de un informe de los servicios sociales u otros profesionales. Este reconocimiento permitirá a las víctimas acceder a determinadas prestaciones sociolaborales sin necesidad de interponer denuncia o que exista sentencia judicial.

La condición de víctima de violencia machista solamente se reconocía mediante una sentencia judicial, una orden de protección previa denuncia, o un informe del Ministerio Fiscal que indicase la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género. Pero a través de un real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Gobierno amplió el pasado mes de agosto los modos de acreditación de esta situación.

Con este fin, reformó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004, para establecer que estas situaciones "podrán acreditarse" mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente.

Si bien esta modificación ya fue aprobada, el Gobierno y las comunidades autónomas tenían pendiente diseñar "de común acuerdo" los procedimientos básicos "que permitan poner en marcha estos nuevos sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género", tal y como se recoge en el decreto ley.

UNIFICADO EL MODELO DE LA ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVA

Así, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que se ha celebrado este miércoles bajo la presidencia de secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha sido consensuado el modelo que unifica en todo el territorio el texto de dicha acreditación administrativa.

Tras ello, las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida, tales como los institutos de la Mujer de cada territorio, centros asesores de la Mujer, servicios sociales, o lo que cada autonomía determine.

En su día, el Gobierno justificó la puesta en marcha de este título habilitando recordando que, de acuerdo a la Macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2015, el 65% de las víctimas de violencia de género no denuncian su situación. De hecho, según la estadística oficial, en lo que va de año un total de 15 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, de las que solamente una había denunciado a su agresor.

Desde el Ejecutivo subrayaron la necesidad de establecer otros títulos no judiciales habilitantes para aquellos casos en los que no hay denuncia previa y, por tanto, no hay abierto ningún procedimiento judicial abierto.

La acreditación de víctima de violencia de género a través de este título habilitante reconocerá los derechos laborales y el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social contempladas en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género.

CRITERIOS DE REPARTO DE 100 MILLONES

En la reunión, también se han acordado los criterios de reparto y objetivos de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal y como establece el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cumpliendo así con los plazos de ejecución de los fondos.

Según ha confirmado la Xunta tras la reunión en la que ha participado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, Galicia contará con 7,9 millones de euros correspondientes al ejercicio 2019, a lo que se suma los transferidos en 2018, otros ocho millones de euros.

Rueda ha destacado la "importancia" de este tipo de reuniones para poner en común estrategias, prioridades y acciones, así como "reforzar" las actuaciones que lleva a cabo cada comunidad. Además, ha incidido en la necesidad del "trabajo conjunto" entre las distintas autonomías, con un "único objetivo que es la erradicación de la violencia de género".

La Xunta ha remarcado que Galicia es "la única comunidad que prevé ayudas económicas directas a las víctimas, ayudas que supusieron desde el año 2009 más de 27 millones de euros y 4.000 beneficiarias. Galicia cuenta, además, con una red de información a las mujeres, centros de acogida, emergencia y recuperación integral como asistencia psicológica integral para todas las mujeres víctimas y para sus descendientes.

En el marco de la conferencia sectorial se estableció, también, el reparto del crédito por parte del Estado a las comunidades. La Xunta percibirá del Estado 513.000 euros, de los cuales 340.502 euros serán para programas de asistencia social integral, 63.572 para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados y 109.719 euros para programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

DESTINO DEL CRÉDITO

El crédito, de 100 millones de euros, será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.

También al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.

La distribución del crédito aprobada en el Conferencia Sectorial responde a criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.

La Conferencia Sectorial ha dispuesto 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

Del total, 6,5 se destinan a programas para la asistencia socialintegral; un millón de euros para planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género, mujeres y menores; y los dos millones restantes a programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

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