La OCU avisa de un "colapso absoluto" en los juzgados de cláusulas suelo con vistas fijadas a final de 2021

  • La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a través de su delegación en Sevilla, ha denunciado este miércoles la "situación inaceptable e inaudita de colapso absoluto" que se está produciendo en los Juzgados de Sevilla encargados de juzgar los litigios por cláusulas suelo.

Según la OCU, el Juzgado de Primera Instancia número 29, que tiene las competencias exclusivas y excluyentes para tramitar demandas de consumidores contra cláusulas hipotecarias (suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, IRPH) "no dispone de agenda desde el 1 de julio de 2018 para señalar demandas" que se presentaron en el otoño pasado, existiendo audiencias previas cuyas convocatorias ya alcanzan "a final de 2021".

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 10 Bis, que tenía la competencia exclusiva pero no excluyente desde el 1 de junio de 2017 al 1 de julio de 2018, "tarda actualmente más de 15 meses en proveer e iniciar los trámites" de las demandas presentadas en 2017, sin que aún se haya empezado con las de 2018.

La Organización de Consumidores y Usuarios responsabiliza al poder judicial de esta situación, pues considera que ha tomado decisiones estructurales y organizativas que solo han servido para "oxigenar a la banca, dándole unos plazos injustificados para responder frente a los prestatarios, así como para disuadir a los afectados de denunciar ante los larguísimos procedimientos a los que se enfrentan, invitándoles a aceptar acuerdos muchas veces leoninos y perjudiciales para evitar prolongar situaciones ilegítimas e insostenibles".

OCU reconoce, sin embargo, "la extraordinaria labor y el esfuerzo que están llevando a cabo jueces, secretarios y funcionarios, pese a las pésimas condiciones de trabajo a las que se ven abocados por culpa de las decisiones organizativas inexplicables del CGPJ".

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda al respecto que ya presentó un recurso en julio de 2017 ante la sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de crear juzgados especializados en cláusulas suelo y advirtió de que la creación de estos juzgados produciría "dilaciones indebidas de forma manifiesta y que son contrarias a la Ley, tal y como los acontecimientos están poniendo de manifiesto".

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