El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes, con

los votos a favor de PSOE, VTLP y Sí Se Puede, y en contra de PP y Ciudadanos, una enmienda de sustitución promovida por el Grupo Municipal Socialista para defender el compromiso del Consistorio con el apoyo y la promoción de la Semana Santa "desde la aconfesionalidad constitucional" que entienden como "sinónimo de laicidad positiva y colaborativa".

Este acuerdo se ha tomado tras la presentación, en el Pleno correspondiente al mes de abril de 2019, de una moción en la que el Partido Popular proponía en un único punto mostrar el apoyo del Ayuntamiento "desde la aconfesionalidad constitucional" a la Semana Santa y también derogar la moción aprobada en la sesión del pasado mes de septiembre de 2018 en la que se declaraba el carácter laico del Consistorio.

El Grupo Popular ha planteado la discusión en la diferencia entre los términos laicidad y aconfesionalidad, que es el carácter del Estado que se refleja en la Constitución Española de 1978. Al mismo tiempo, el portavoz del PP, Antonio Martínez Bermejo, ha considerado que la moción aprobada el pasado año ha provocado un "malestar" en los cofrades de la Semana Santa vallisoletano que "sigue encendido".

Tanto la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, como la de Sí Se Puede, Charo Chávez, han reprochado a los 'populares' que con la presentación de la moción quieran crear discordia y división en el Pleno y entre los vallisoletanos utilizando este asunto. De hecho, la edil de VTLP ha acusado a Martínez Bermejo de acudir al Pleno a "crear 'fake news'".

Los representantes de los grupos que respaldan al equipo de Gobierno han defendido en varias ocasiones que la moción que el PP pretendía anular "en ningún momento pone en riesgo" la Semana Santa ni en duda el apoyo del Ayuntamiento a estas manifestaciones religiosas. "Quien quiere participa y quien no, la respeta. No creen un conflicto", ha recalcado Sánchez.

La portavoz de VTLP ha incidido en afear la supuesta intención del Grupo Popular de forzar a que los grupos políticos que apoyan al Gobierno municipal votaran en contra del apoyo a la Semana Santa, al introducir solo un punto en los acuerdos que unía esta idea con la petición de retirada de la moción de septiembre de 2018. Eso sí, al solicitarlo la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, el portavoz del PP accedió a que el acuerdo se dividiera en dos partes.

Sin embargo, no se ha llegado a votar así ya que la concejal socialista Ana Redondo ya había presentado una enmienda 'in voce' en la que mantenía la fórmula del PP de reconocer a la Semana Santa "como evento religioso, cultural, social y turístico más importante de la ciudad, en el que participan activa y libremente miles de vecinos a lo largo de todo el año". Eso sí, mantiene que se trabaja "desde la aconfesionalidad" pero con el matiz, entre paréntesis, de considerar este término como "sinónimo de laicidad positiva y colaborativa".

Además, se añade que el Ayuntamiento está comprometido con el apoyo y promoción de la Semana Santa y que promueve la conciliación de la libertad religiosa reconocida constitucionalmente, la separación iglesia-estado, así como la "laicidad sana y positiva".

Martínez Bermejo ha insistido en alertar de que el equipo de Gobierno "quiere prohibir" mientras ha defendido que el PP "defiende la libertad", al tiempo que ha recalcado que España es un "estado aconfesional" pero, refiriéndose directamente al alcalde, Óscar Puente, "no lo quiere asumir". En todo caso, lo ha relacionado con un supuesto poco respeto del PSOE por las procesiones que ha ligado con la ubicación de la campaña de las elecciones generales en plena Semana Santa "para beneficiar a Pedro Sánchez".

En una sesión plenaria concisa, de poco más de tres horas y media de duración, se han aprobado por unanimidad gran parte de las mociones presentadas, además de la que se planteaba con acuerdo institucional para instar al Gobierno de España a abonar las cantidades compensatorias adeudadas a los abogados del turno de oficio, los cuales, como ha explicado el vicedecano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín García, acaban de recibir los pagos de noviembre y diciembre y esperan cobrar enero en los próximos días.

Entre las mociones aprobadas por unanimidad ha estado otra que presentaba el Partido Popular para instar al Gobierno a la creación "urgente" de dos juzgados en 2019 -Primera Instancia número 16 y de lo Social 5-.

Sin embargo, ese acuerdo entre todos los grupos ha estado acompañado por discusiones durante el debate sobre el proyecto del Campus de la Justicia, ya que el concejal 'popular' Jesús Enríquez ha culpado a Óscar Puente y al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, de "dejar una ciudad de la Justicia virtual, sin acuerdos, sin terrenos y sin proyectos", cuando hace cuatro años ya estaba firmada la permuta para llevarla al barrio de Girón.

Tanto el portavoz socialista, Pedro Herrero, como el alcalde, que ha hecho uso de la palabra para intervenir, han aprovechado para ironizar con la posible conclusión de la carrera de Jesús Enríquez como concejal y el edil del PSOE le ha espetado que no sabe quién le va a escuchar después del 26 de mayo, por lo que le ha sugerido que mire los vídeos de las sesiones del Pleno antiguas o intentar o que intente ser "fichado por la Fundación del Atlético de Madrid como el exministro Catalá", ya que el concejal del PP es seguidor del equipo rojiblanco.

MÁS DE 4.000 TONELADAS DE EXCREMENTOS CANINOS

Aprobadas por unanimidad han sido también la que presentaba Ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la administración participativa, aunque se han incluido varias enmiendas de VTLP y del PP, así como la que planteaba Sí Se Puede para poner en marcha una campaña de concienciación y sensibilización sobre la presencia de excrementos caninos.

En este sentido, la concejal de SíVA Gloria Reguero ha asegurado que se estima que cada año se recogen de la vía pública más de 4.000 toneladas de excrementos de perro.

Además, se ha aprobado una moción presentada por VTLP para instar a la Diputación provincial a llegar a un acuerdo sobre la cuenta de liquidación de la operación urbanística en Villa del Prado, algo que no ha contado con el apoyo del Grupo Popular.

Su concejal Carlos Fernández ha defendido que Manuel Saravia "no está facultado para negociar nada" porque para poder llegar a una cuerdo en la negociación el Ayuntamiento de Valladolid debe "retirar la demanda" que ha puesto. De lo contrario, considera que otras salidas posibles son que la Diputación retire su reclamación, o que el Consistorio se allane al acuerdo que plantea la Diputación y o bien pague cinco millones de euros o deje que sea el Juzgado el que fije la cantidad.

En este debate, tanto Manuel Saravia como Pedro Herrero han llamado la atención sobre el hecho de que en una moción que afecta a la Diputación provincial, su presidente, Jesús Julio Carnero, que es concejal del Grupo Popular, no intervenga en el debate.

En el apartado de preguntas, el Grupo Popular ha llevado al Pleno la polémica que tuvo el alcalde la pasada semana tras asegurar en su cuenta de Twitter que la cantante Rosalía pedía 500.000 euros por actuar en la Plaza Mayor en las fiestas de Valladolid.

Así, mientras la concejal de Cultura, Ana Redondo, ha afirmado que los nombres de los grupos que actúen este años serán informados "convenientemente" -hoy mismo el alcalde ha dado de conocer un tercer concierto-, la concejal del PP Mercedes Cantalapiedra ha asegurado que, mientras en 2014, último que gobierno completo el PP, el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de Fiestas fue de 225.000 euros, en 2018 ha sido de 585.000, "casi el triple".