La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el pasaso 28 de marzo un Código de conducta, que entrará en vigor el 3 de abril, al que se tendrán que atener todos los diputados en activo y durante todo el mandato. Este Código es de carácter vinculante y obligatorio y servirá como pauta de comportamiento para los parlamentarios, especialmente tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Entre las exigencias de este nuevo acuerdo, se encuentra la publicación de las agendas institucionales y de las reuniones con grupos de interés en el Portal de Transparencia del Congreso, entre otras. La Mesa también ha acordado crear un Oficina de Conflicto de Intereses, que velará por el cumplimiento de del Código, además de comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones que presenten sus señorías.

El principal objetivo que se pretende alcanzar es evitar los conflictos de interés, y que los diputados dispongan de medidas para evitar tal conflicto. Según el Boletín Oficial de las Cortes, se entenderá que existe conflcito cuando haya "un interés personal, tanto directo y propio como a través de otra persona, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que se pueda poner en duda la objetividad e independencia del Diputado o que éste no persiga la consecución del interés general".

Además de las declaraciones de actividades y bienes actuales, los diputados tendrán que declarar las que hayan realizado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos. El Código también estipula que los representantes de la Cámara Baja deberán abstenerse de recibir obsequios o beneficios  que puedan entender como intentos de influir en su conducta como parlamentario.

En cuanto a las sanciones, si se llegara a tener cualquier sospecha de algún diputado, el presidente del Congreso podría solicitar el inicio de un proceso de investigación para dilucidar si se ha producido una infracción, previo informe  de la Comisión del Estatuto del Diputado. La Comisión oirá al diputado afectado y decidirá si es necesaria una sanción.