Hasta 40 entidades asociativas y vecinales, entre ellas la PAH y la Favb, unirán sus fuerzas el próximo sábado 6 de abril en una manifestación que han convocado a las 18 horas en los Jardinets de Gràcia bajo el lema 'Punxem la bombolla' (Pinchemos la burbuja). Por burbuja se refieren a los alquileres abusivos en la ciudad de Barcelona y a los fondos buitre que compran edificios enteros para destinarlos al alquiler vacacional o a pisos de alto standing, expulsando a sus inquilinos.

Para hablar sobre esta marcha que se hará también en hasta 35 ciudades europeas, 7 de ellas de España, los convocantes han ofrecido una rueda de prensa este martes en la plaza Sant Jaume. Desde la PAH apuntan a que la cifra de desahucios se encuentra en España en niveles similares a los de los peores años de la crisis económica. Cada día se producen 165 desalojos por vía judicial, casi uno cada cinco minutos.

Desde Fem Sant Antoni, un portavoz ha explicado que en su barrio tienen contabilizados más de un millar de pisos turísticos, 14 hoteles y 12 hostales, y que el sábado saldrán a la calle para defender "los barrios, sus derechos y su salud" ante la especulación inmobiliaria y la gentrificación. 

La portavoz de la PAH ha afirmado que solo un 1,5% de los pisos de Barcelona son públicos, una cifra muy alejada del 40% que se podría alcanzar si Barcelona no "desprotegiera" la vivienda. El Sindicat de Llogaters ha destacado a su vez que los menores de 35 años han de dedicar "hasta el 65% de su sueldo" a pagar el alquiler.

Entre las reivindicaciones que ponen sobre la mesa estas entidades está la regulación "urgente" de los precios del alquiler teniendo en cuenta "el poder adquisitivo real de las personas, es decir, su renta"; contratos de alquiler que se renueven automáticamente a no ser que su propietario necesite la vivienda para su uso personal o de un familiar; que ningún desahucio se haga sin una alternativa habitacional preparada; contratos de alquiler gestionados por las oficinas municipales de vivienda y  los ayuntamientos "para acabar con los abusos de los intermediarios"; eliminar las Socimis (fondos buitre) y sus privilegios fiscales o convertir los pisos vacíos propiedad de la banca y de los fondos buitre en parque público de vivienda.

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, salía al paso el pasado lunes de las críticas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al decreto ley sobre la vivienda en Cataluña aprobado a principios del pasado mes de marzo. Colau pidió la retirada inmediata de este  decreto mientras que Calvet defendió la normativa y acusó a la alcaldesa de "populista".

Este decreto simplificará el proceso a seguir para impulsar promociones de vivienda protegida y reducirá a uno los módulos de costes para fijar el precio máximo de venda o renta. Los nuevos precios (los actuales llevan 12 años congelados) tendrán en cuenta las características del inmueble y su ubicación. Por ley, los inquilinos solo han de destinar entre un 10% y un 18% de sus ingresos mensuales al alquiler.

Respecto a la "segregación" que, según Colau, podría generar la regulación de los precios del módulo según el emplazamiento, Calvet recordó que "evidentemente" existen diferencias en el precio del suelo entre los barrios de las grandes ciudades.

La Generalitat adquirió a lo largo de 2018 un total de 135 viviendas por la vía del tanteo y retracto. El Ajuntament se hizo con 42.