Unas 200 personas se han concentrado desde primera hora de la mañana de este martes ante el edificio conocido como la Casa África, en el barrio del Poblenou de Barcelona, para evitar su desalojo.

Los vecinos y ocupantes del inmueble, situado en el número 35 de la calle Marià Aguiló y que anteriormente recibía el nombre de La Teixonera, han organizado a las 7 de la mañana un almuerzo colectivo ante la fachada modernista para evitar que se haga efectivo el lanzamiento.

En el edificio viven una treintena de inmigrantes y se trata de un espacio autogestionado en el que están de forma temporal. El portavoz de Emergencia Frontera Sur, Nebon Babou Bassono, ha explicado que han pasado por allí muchas más personas, pero algunas están de paso y otras aceptan ir a albergues públicos. Sin embargo, la estancia en estos alojamientos "puede durar cinco o seis meses, pero siempre tiene fecha de caducidad". Babou ha dicho que la primera carta de desalojo los llegó el 8 de enero pero están tranquilos porque cuentan con el apoyo vecinal.

"Estamos haciendo muchas actividades con el barrio, estamos muy implicados, nos acogen y estamos muy a gusto", ha explicado Babou. Desde su punto de vista, defender la ocupación "es un proceso de empoderamiento" que llevan a cabo desde hace meses para ganar autonomía y poder acabar autogestionando. "En esto contamos con el apoyo de todas las entidades del barrio y colectivos de Barcelona", ha asegurado.

Si bien tienen la posibilidad de ir a albergues municipales, se quieren quedar, porque ven en esta resistencia su manera "de denunciar toda el problema" de la vivienda. Considera "importante que el espíritu de Casa África se consolide" por muchos motivos, entre otros, porque dice que existe la posibilidad de que los que se marcharon a un albergue tengan que volver próximamente al edificio.

Los ocupantes del edificio son una treintena de personas, llegadas a la ciudad el último año y la mayoría solicitantes de asilo, esperando que se inicien los trámites para entrar en el programa de protección, que es competencia exclusiva del Estado, según han expuesto fuentes municipales.

El mes de enero, cuando se fijó la anterior fecha de desalojo, el Ayuntamiento de Barcelona ya presentó un informe respecto a la vulnerabilidad de estas personas, puesto que muchos han sido usuarios de servicios específicos municipales. El Consistorio considera que quien tendría que ofrecer alojamiento a los solicitantes de asilo es el Gobierno central, porque es competencia estatal.

El edificio es propiedad de un fondo inversor. Antes de la guerra civil fue la sede de un casal republicano federalista y en 1939 fue confiscado por la Falange. En la década de 1940 pasó a ser propiedad de una familia del barrio y con los años quedó en desuso hasta que en los inicios de la década de 2000 la casa fue ocupada por un grupo de jóvenes. Hace unos meses lo han ocupado las personas migrantes.

Durante estos últimos meses el Ayuntamiento de Barcelona ha negociado con la propiedad de la finca para evitar el desalojo, pero la propiedad ha continuado el procedimiento judicial. La alternativa planteada por la propiedad es la expropiación de la finca por parte del Ayuntamiento, una posibilidad estudiada y finalmente descartada por el Consistorio, que considera que no se dan los supuestos que motivarían y justificarían una expropiación.

El edificio está catalogado, tiene calificación urbanística de equipamiento, y el Ayuntamiento de Barcelona considera que se encuentra en una zona de la ciudad muy dotada de equipamientos públicas culturales, asociativos y cívicos. Por este motivo, porque la "prioridad" del gobierno municipal es "hacer vivienda" y porque "hacer funcionar el inmueble tendría un coste muy alto" debido a su mal estado, ha explicado este martes el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner se descarta la expropiación.