Esta petición del PP ha contado con el respaldo del PSOE y Ciudadanos (Cs) y el rechazo de Zaragoza en Común (ZeC), mientras que CHA no ha acudido al consejo de administración extraordinario.

En rueda de prensa, el concejal del PP, Ángel Lorén, ha alertado que si no se realiza el repintado en quince días el Gobierno municipal incurrirá en "desacato". Al respecto, ha recordado que el plazo dado en la última sentencia sobre este asunto, emitida hace cuatro meses por el Tribunal Supremo para proceder al repintado, vencía la pasada semana.

El Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que ratificaba el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, para que repintara la fachada del pabellón, al no admitir el recurso presentado por ZeC y además le impuso las costas de mil euros.

Ángel Lorén ha expuesto que el plazo de quince días para proceder a la restitución completa del nombre del pabellón Príncipe Felipe "es más que suficiente" y ha dejado claro que la reposición a su estado natural "debe ser urgente".

DESACATO

Ha apremiado a ZeC a que cumpla el mandato judicial de hace cuatro meses, que ha vencido la semana pasada y ha agregado que el PP ha solicitado en el juzgado el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.

"La sentencia es de obligado cumplimiento y no es evitable. El no cumplirla es desacato y el PP está dispuesto a llegar hasta el final porque este debate lleva a más crispación y no se soluciona incumpliendo la ley que genera aún más problemas".

Lorén le ha dicho al alcalde, Pedro Santisteve, que el Ayuntamiento de Zaragoza "no es una finca de Galapagar y tiene que atender los mandatos judiciales". Le ha recordado que con un equipo de gobierno en minoría" no debería tener las actitudes que ha tenido".

El cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós se adopta por decisión del Gobierno de ZeC el 30 de septiembre de 2015 y a las 24 horas se paraliza judicialmente tras una denuncia interpuesta por el PP.

Desde el grupo municipal del PP se alegaba que el cambio de nombre había sido adoptado por una decisión del Gobierno de la ciudad cuando tendría que haber sido aprobada por el pleno, ya que la sustitución de denominación solo se puede acordar por el mismo órgano que aprobó el nombre del equipamiento municipal. Este argumento es el que han defendido PP, PSOE y Cs y que, además reconocen ambas sentencias judiciales.