Así lo ha adelantado este viernes el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, quien ha señalado que este grupo tendrá "fecha límite, hasta el 31 de diciembre de 2019" para llevar adelante esta tarea.

Pérez Sáenz ha avanzado este anuncio, con motivo de la reunión que hoy mismo se desarolla en Madrid del Consejo de Administración de la Sociedad "Logroño Integración del Ferrocarril". Un encuentro que se ha celebrado a petición del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño.

"Quiero hoy transmitir un agradecimiento y un anuncio", ha señalado el delegado del Gobierno en La Rioja. Agradecimiento, ha dicho, "a las administraciones local y autonómica por entender que este es el momento adecuado y el Gobierno idóneo para llevar a cabo sus pretensiones".

Pretensiones que "se hacen por primera vez en un Consejo de Administración después de 20 años", y que pasan, como ya han indicado tanto la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra como el consejero de Fomento Carlos Cuevas, por la revisión del acuerdo fundacional de la sociedad, el tratamiento de los activos cedidos y la refinanciación del préstamo.

En este sentido, Pérez Sáenz ha subrayado que "el Gobierno de España se ha mostrado receptivo a las reivindicaciones de sus socios y por eso abrirá un proceso de negociación".

Un proceso "que se materializará en la formación de un grupo de trabajo, con un plazo de finalización previsto para el 31 de diciembre de este año", y en el que "se estudiarán las tres reivindicaciones que, tanto el Ayuntamiento de Logroño como el Gobierno de La Rioja reclaman".

Con todo, respecto a las propias reivindicaciones realizadas por la alcaldesa y el consejero, y teniendo en cuenta el cercano proceso electoral, el delegado ha apuntado que "yo no me hubiera atrevido a hacer esa rueda de prensa", que ha considerado incluso "una provocación, pero nos da la oportunidad para que el Gobierno de España pueda quedar bien con la sociedad riojana".

Por último, se ha referido igualmente a la petición de Gamarra y Cuevas de la aportación, en principio incluida en el convenio marco, de 30 millones de euros por parte del Gobierno central. Una obligación, ha afirmado Pérez Sáenz, que no es tal "porque no se puede entender como una contraprestación, es para la adecuación a la Alta Velocidad".