En la presentación de los datos han participado el decano de la institución colegial, Francisco Javier Lara; el tesorero, Antonio García-Agua, y el auditor Eduardo Molina. También han estado presentes la vicedecana, Inmaculada Atencia; la secretaria de la Junta de Gobierno, Fátima Gómez-Barroso, y el secretario técnico, Pablo Soriano.

Según han informado desde el colegio en un comunicado, la gestión de la junta de gobierno se ha caracterizado "por una fuerte contención del gasto", que se ha reducido en 372.803 euros respecto a la previsión inicial y en 678.441 euros respecto a lo ejecutado en el año 2017".

Asimismo, han apuntado, se ha significado por "la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, que se han incrementado en 254.148 euros en comparación con la cantidad presupuestada y en 144.515 euros respecto al ejercicio anterior".

De este modo, han señalado que el grado de ejecución de los ingresos se ha duplicado en partidas como las correspondientes a las cuotas de incorporación de sociedades profesionales y a los convenios con entidades de diversa índole.

"Notable" ha sido, según la institución, el aumento de las aportaciones al Congreso Jurídico de la Abogacía Icamalaga, que se han triplicado respecto a la previsión inicial; así como el de los ingresos de las actividades organizadas por el Centro de Formación del colegio.

En el capítulo de gastos, "marcado por una política de control y austeridad", destacan la partida dedicada al capítulo de personal, que ha disminuido en 313.738 euros respecto a la cantidad ejecutada en 2017, y la reducción en suministros y alquileres gracias a las reformas que se acometieron en la sede central del Paseo de la Farola.

El tesorero ha explicado que las cuentas se han elaborado buscando el equilibrio presupuestario y ajustando al máximo la previsión de ingresos y gastos respecto a la ejecución final, buscando la menor desviación posible.

MEMORIA

La junta de gobierno ha presentado también la memoria anual, en la que se recogen las actividades realizadas por la corporación en el año 2018. Entre otras muchas cuestiones, este documento incluye la certificación EFR en materia de conciliación y la celebración del Congreso de Instituciones Penitenciarias.

También recoge las acciones para reivindicar la dignidad de la profesión y del Servicio de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, la participación y organización de campañas contra la violencia de género, el hermanamiento con el Colegio de Abogados de Melilla, la campaña para exigir sedes judiciales dignas en la provincia o las acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

El decano, además, ha destacado el éxito del 14 Congreso Jurídico de la Abogacía Icamalaga, en el que participaron más de 1.700 personas, y el aumento de las actividades del Centro de Formación y de las del área de Cultura; al tiempo que ha subrayado la labor que realizan las ocho delegaciones del colegio de Málaga -Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona, Ronda, Coín, Vélez Málaga y Torrox- para acercar la institución a los colegiados.