El exprofesor de gimnasia de los Maristas Joaquín Benítez ha pedido perdón al final del juicio del caso Maristas por cuatro casos de abusos sexuales afirmando: "Estoy profundamente arrepentido".

En su turno de última palabra este miércoles, ha insistido en que pide perdón porque está arrepentido "aunque no lo parezca" y ha asegurado que ha hecho un cambio de 180 grados en su persona.

También ha ratificado que Maristas conoció uno de sus primeros casos de abusos sexuales en 1986 declarando que "supieron realmente este caso" y que hay datos y pruebas de las personas que intervinieron.

Por su parte, la Fiscalía ha acusado este miércoles a la Fundación Champagnat, propietaria de las escuelas de Hermanos Maristas, de no estar al lado de las víctimas de abusos sexuales perpetrados por el exprofesor Joaquín Benítez, sino preocupada por "regatear hasta el último céntimo" la indemnización solicitada.

"En estos tiempos en los que el papa Francisco pide perdón por los casos de pedofilia ocurridos en Estados Unidos o Australia, aquí la Fundación, en vez de estar con las víctimas, está regateando hasta el último céntimo, y eso que tiene una póliza de seguros", ha señalado el fiscal ante el tribunal que juzga a Benítez.

Para el fiscal, la fundación tiene "una enorme responsabilidad moral porque si en 1986 hubiese actuado como debería, estos hechos no se habrían producido",y ha subrayado no tener "la menor duda de que el beato Marcelino Champagnat -fundador de la congregación de Hermanos Maristas- en el cielo está conturbado con la actuación de su fundación".

Los abogados que ejercen la acusación contra el exdocente y pederasta confeso Joaquín Benítez han culpado a la escuela Maristas de Sants-Les Corts, en la que ejercía de profesor de Educación Física, de encubrir los abusos sexuales cometidos dentro del centro.

Los letrados han coincidido en señalar al colegio como "conocedor" de los hechos, después de que Benítez declarara ayer martes que la escuela tapó un caso de abuso perpetrado por él en 1986, lo que le sirvió para sentirse "amparado" y continuar cometiendo este tipo de delitos.

"Los maristas eran conocedores de los abusos sexuales que se producían en el colegio. Si no, ¿cómo se explica que Benítez fuera el único que tuviera un despacho y tuviera las llaves?", ha señalado una de las abogadas de las víctimas, quien ha insistido en que el exprofesor no fue despedido inmediatamente tras la primera denuncia.

"Si se hubiera efectuado un despido 'ipso facto', quizás no estaríamos en esta sala y las víctimas no hubieran vivido el infierno que han vivido", ha dicho.

Otro letrado ha acusado al vicario provincial de los Maristas, Pere Francesc Ferré, que declaró este lunes como representante del centro, de "banalizar su implicación y quitarle importancia a las consecuencias de los hechos e incluso a las secuelas".

Ferré negó que la escuela encubriera los abusos, pero admitió que se ocultó el primer caso denunciado sobre Benítez al resto de familias del centro porque los padres afectados pidieron permanecer en el anonimato y que no lo despidieron porque él pidió la baja antes.

Han destacado además que el vicario de la congregación optara por "prometer" y no "jurar" decir la verdad ante el tribunal, escogiendo así la fórmula atea en detrimento de la religiosa.

En la línea del informe de la Fiscalía, también han apuntado a la Fundación Champagnat, propietaria del centro, como "plenamente responsable" de los hechos y la han acusado de actuar con "mala fe procesal" por haberse negado a facilitar a la policía datos sobre Benítez, tal como señalaron ante el tribunal dos mossos d'esquadra.

"Su actitud obstruccionista no deja que sepamos la verdad sobre lo que ocurrió", han apuntado antes de subrayar que la fundación ayudó a Benítez a cobrar el seguro de desempleo al facilitarle un trabajo de tres meses vinculado con los Maristas.

El propio Benítez dijo ayer que, cuando la escuela supo de su primer abuso, cometido en 1986, lo amenazaron con suspenderle el sueldo durante tres meses, lo que nunca se produjo, y sólo lo amonestaron verbalmente.

Aunque todas las acusaciones han solicitado que se juzgue a la fundación, como mínimo, por daños morales, el tribunal ha subrayado que su sentencia no hará referencia a ello por no tratarse de un criterio penal.

La Fiscalía pide para Benítez una pena de 22 años de cárcel y 14 años de inhabilitación, así como una indemnización de 90.000 euros, que abonar junto a su aseguradora y la fundación Champagnat, como responsable civil subsidiaria de los hechos.