La investigación a un grupo de narcotraficantes gallegos, que intentaba introducir una tonelada de cocaína en España y que finalmente fue apresado por un cargamento de heroína, destapó la red que introdujo droga a través del aeropuerto de Madrid, impregnada en las maletas de una mujer procedente de Paraguay.

Así se ha puesto de manifiesto en el juicio que se sigue en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y en el que se juzga a nueve acusados de haber introducido droga impregnada en las maletas de una viajera paraguaya, así como a través del envío de un paquete postal a otra ciudadana de Cataluña.

Según ha explicado quien entonces coordinó la investigación como jefe de la Udyco en Galicia, y que ha declarado este miércoles como testigo, la Policía estaba investigando a Juan Jesús Ventoso Padín, con antecedentes por narcotráfico, porque estaba organizando un transporte de una tonelada de cocaína desde Sudamérica.

En los preparativos de este transporte, Ventoso Padín contactó con Álvaro M.G. para que éste les ayudase a buscar un transporte para la cocaína. Esa operación finalmente resultó fallida, aunque la organización liderada por este arousano acabó 'cayendo' por un cargamento de heroína, que fue localizada en una nave de Caldas de Reis (Pontevedra).

Sin embargo, de esas conversaciones telefónicas, la Policía dedujo que Álvaro M.G. estaba preparando otra operación por su cuenta, de forma independiente, y así fue como se inició otra investigación, que acabó con la imputación de este acusado, y otras ocho personas (entre las que está su contacto gallego, José Luis O.V.) que son juzgadas estos días en Vigo.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Este testigo ha explicado ante el tribunal cómo la investigación policial ha permitido reconstruir el 'modus operandi' de este grupo, liderado por Álvaro M.G., que era quien daba "instrucciones" al resto de acusados sobre cómo debían proceder en cada momento.

Así, buscó a la persona que debía tramitar la carta de invitación a la mujer paraguaya, contactó con un socio en Colombia para conseguir la cocaína y que enviase las maletas a Paraguay, explicó a otro socio paraguayo cómo impregnar la droga y disimularla para que no fuera detectada por los perros de la Policía, compró los billetes de avión, dio indicaciones a la mujer sobre cómo actuar y qué decir en las aduanas, contactó con antiguos compañeros de prisión para que buscasen a una destinataria del paquete postal con cocaína (cuando la viajera que llegó a Barajas fue interceptada), etc. "Él (Álvaro) lo organizaba todo", ha concluido.

Según ha indicado, no hay constancia de que este hombre tuviera un trabajo legal remunerado, y toda su fuente de ingresos era el narcotráfico. Asimismo, ha señalado que su actividad era "itinerante", y se asentaba tanto en Asturias como en Cataluña, Madrid o Alicante.

'CORREO' "ENGAÑADA"

Del mismo modo, el inspector de Policía ha relatado el papel que jugaban el resto de acusados, conocedores, en su opinión, de la actividad delictiva en la que estaban participando en todos los casos, salvo en uno: el de Noelia Elisabeth G.M., la mujer paraguaya que hizo de "correo" en

el transporte de la cocaína por avión.

"A mi juicio, no tenía conocimiento. Pudo haber sido engañada, quizá hubo cierto aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad", ha explicado este agente, quien ha señalado que "a ella la convencieron para que viniera a España a ejercer la prostitución".

En el caso del resto de acusados, este testigo ha explicado que José Luis O.V. (el socio arousano) mantenía contacto frecuente con Álvaro M.G.;

que Alexandre T. era un 'subalterno' del líder de la red y se dedicaba a distribuir droga;

que José Antonio E.B. también traficaba con drogas

y trabajaba para Álvaro;

que José A.L. y Felipe H.B aceptaron buscar a una destinataria (Yolanda M.D., también acusada) del envío postal a cambio de quedarse con una parte de la droga; y que Javier C.Q. era el "cocinero" que se encargaba de extraer la cocaína para esta organización "y posiblemente para otras".

En esta causa se juzga a estos 9 acusados por los supuestos delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal, y la Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los 6 años y medio, y los 11 años de cárcel; así como multas que suman casi 2,5 millones de euros. Las defensas, por su parte, han solicitado la libre absolución de todos los procesados.