Las familias a las que presta ayuda y consejo el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona debido a que tienen problemas relacionados con la pobreza energética crecen. A lo largo de 2018, los 11 Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) que hay en la ciudad atendieron a 13.301 hogares, un 55% más que en 2017 (8.588), y en 2019 se mantiene la tendencia al alza, pues hasta febrero, en solo dos meses, se atendió a 4.082.

Son datos que ha dado a conocer este miércoles la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que también ha señalado que en los dos años y dos meses que lleva funcionando este servicio, lo han utilizado 67.400 personas de las 170.000 que se calcula que padecen este tipo de pobreza en la capital catalana -el 10% de la población-.

"Desde los PAE tenemos la percepción de que la problemática va en aumento", ha apuntado, por su parte, la coordinadora de estos puntos de asesoramiento, Nuria Salas. Sin embargo, no ha descartado que esta sensación se deba a que atienden a más ciudadanos porque "cada vez hay más consciencia de que todos somos vulnerables".

Ortiz, por otro lado, también ha informado de que desde que el servicio se puso en marcha en enero de 2017 (en 2016 también funcionó, pero en fase de prueba piloto) y hasta febrero de este año, el Ayuntamiento evitó 17.125 cortes de suministro a familias económicamente vulnerables, y por lo tanto, protegidas por la Ley 24/2015 de pobreza energética. Hasta enero de 2018 se habían frenado 5.020, lo que muestra que el número se ha triplicado en poco más de un año.

Los cortes detectados, a su vez, también han aumentado. En 2018 fueron 362, más del doble que el año anterior (161), algo que la teniente de alcaldía ha atribuido al "impacto de la reforma del bono social". "Durante unos meses dieron carta blanca a las empresas para endurecer las condiciones del criterio de prevención", ha criticado.

Ortiz también ha señalado que el Consistorio ha tramitado 25 expedientes sancionadores a compañías por haber cortado al suministro a familias sin haber consultado previamente a los servicios sociales municipales si estaban en situación de vulnerabilidad y haber violado así la ley catalana 24/2015 de pobreza energética. 17 son contra Endesa, cuatro contra Gas Natural, dos contra Iberdrola y otras dos contra otras empresas menores. El importe de las multas oscila entre los 30.000 y los 70.000 euros.

De las familias atendidas hasta ahora en los PAE, una de cada tres tiene menores a cargo o miembros en paro, un 40% cuenta con mayores de 65 años y un 10% son monoparentales con menores.