En un extenso informe donde hace un recorrido histórico del proceso, sostiene que hay indicios de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, derivados de la gestión del presidente canario, Fernando Clavijo, en su época como concejal de Seguridad Ciudadana y alcalde de La Laguna.
En el caso ya se encuentran investigados el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el portavoz del grupo de gobierno en el Ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.
No obstante, la fiscal considera que aún no procede citar a declarar a Clavijo en calidad de investigado hasta que el Tribunal Supremo adopte una posición definitiva, pues Clavijo ha interpuesto un recurso de queja contra la decisión del TSJC de derivar el caso a La Laguna.
Farnés sí ve pertinente, en cambio, llamar a declarar en calidad de investigadas a la directora de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, y la jefa de sección de Planificación, Control y Tramitación, cuyos informes permitieron levantar los reparos de la Intervención General a la operación de rescate del servicio de grúas.
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