Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios el secretario general de Solidaridad Obrera en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y miembro de la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha, Lorenzo Flores, quien, junto a otros colectivos, se ha reunido este martes con la secretaria de Organización de Podemos y diputada regional de la formación María Díaz.

Flores ha explicado que hay muchos trabajadores de los servicios públicos de Castilla-La Mancha que se encuentran en una situación de contratación en abuso de temporalidad y, por lo tanto, en fraude de ley.

"Los interinos ya no tenemos miedo sino que somos interinos empoderados porque sabemos cuáles son nuestros derechos y sabemos cómo y quién los ha vulnerado", ha avisado.

Flores ha dicho que estas proposiciones de ley son "una concesión" que hacen las víctimas del abuso de temporalidad de Castilla-La Mancha a la administración y es "una prueba" de que los interinos intentan no estar enfrentados en los tribunales con las demandas que han presentado.

"DRAMA SOCIAL"

El miembro de la Plataforma de Interinos de la región cree que este concurso de méritos puede acelerar el proceso de la estabilización real de los interinos y acabar "cuanto antes" con "el drama social" que hay detrás de las interinidades de Castilla-La Mancha, ha admitido.

Dicho esto, ha advertido al resto de fuerzas políticas que, si estas dos leyes finalmente no ven la luz, los interinos acudirán a los juzgados y les tendrán en frente tanto "en la calle como en los tajos".

Finalmente, Flores ha recordado que el 6 de abril, a las 12.00 horas, en la Plaza de Zocodover de Toledo hay convocada una concentración para protestar por la alta tasa de trabajadores con contrato temporal en las administraciones públicas.

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha apuntado que lo que debería ser una situación excepcionalidad (la temporalidad) se ha venido convirtiendo en lo ordinario en la administración pública en general.

"Es una situación que puede llegar a afectar a entre 10.000 y 16.000 personas en Castilla-La Mancha, una tasa muy alta, que necesita una solución ya", ha exigido.

Según ha manifestado, "no podemos tener a gente en la administración encadenando un contrato con otro" porque "no es justo".