El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar al alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament Bernat Soler por un delito de desobediencia, a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusa de participar activamente en la organización del 1-O.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC resuelve admitir a trámite la querella, que deriva de la instrucción que en vísperas del referéndum dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los alcaldes catalanes que apoyaron el referéndum.

La querella, que investigará el TSJC dada la condición de aforado del alcalde, sostiene que Soler tuvo una "participación activa en la promoción, organización y celebración del referéndum" en Agramunt, donde la votación se celebró en una escuela de primaria de titularidad municipal.

La Fiscalía basa los indicios incriminatorios contra el alcalde en un artículo publicado en una revista municipal, sin firma, que informa de un acto celebrado el 25 de septiembre en que Soler llamaba a participar en el 1-O, cuando el referéndum había sido ya suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

En esa misma revista, añade el fiscal, se publicó bajo la firma de "Joan" otro artículo que explicaba que el alcalde de Agramunt decidió parar la votación que se llevaba a cabo en el municipio el 1-O cuando se percató de la llegada de vehículos policiales, y que se escondieran en la casa de un particular urnas, papeletas y "documentación comprometedora".

El ministerio público recuerda además en su querella que, de acuerdo con ese artículo, el alcalde reunió a las 19:00 horas a todos los componentes de las mesas de votación y organizadores del 1-O y les propuso acabarla antes de la hora prevista.

En opinión de la sala, del "profuso relato de hechos contenido en la querella", muchos de ellos de "fácil constatación", al haberse publicado en diarios oficiales y recogido en medios de comunicación, se desprenden indicios suficientes de que concurre el delito de desobediencia que se imputa al querellado.

La instrucción de la Fiscalía General del Estado -que adjuntaba un listado de 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales- motivó que se abrieran diligencias a decenas de ediles de toda Cataluña.

Fruto de esas investigaciones, en las últimas semanas, la Fiscalía ha presentado varias querellas contra algunos alcaldes a los que acusa de haber seguido participando en la organización del 1-O tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.