El Gobierno de Asturias impulsa un año más el convenio con el Colegio de Economistas del Principado que permite contratar a 32 titulados universitarios con conocimientos en asesoría fiscal para reforzar el equipo de técnicos que atenderán a los contribuyentes en la campaña de la renta.

El Ejecutivo aportará 96.000 euros para financiar el convenio, según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.

Por su parte, la institución colegial se encargará de elegir a los técnicos entre titulados desempleados que hayan cursado el Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional o el Curso de Experto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre el Patrimonio que organiza la propia entidad.

Las personas seleccionadas se distribuirán entre las oficinas en las que se prestará apoyo a los contribuyentes: las plataformas conjuntas del Principado y la Agencia Tributaria en Oviedo, Gijón y Avilés, y los seis puntos que se habilitarán con personal de la Administración autonómica en Laviana, Llanes, Navia, Siero, Tineo y Vegadeo.

La campaña presencial para la presentación de la declaración de la renta comenzará el 14 de mayo y finalizará el 1 de julio. Las peticiones para reservar cita previa se podrán solicitar, a partir del 9 de mayo y hasta el 28 de junio, a través del teléfono 901 22 33 44 o en la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es).

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de sendos convenios del Ente de Servicios Tributarios del Principado con el Ayuntamiento de Siero y con las parroquias rurales.

En virtud del primer acuerdo, el organismo autonómico asumirá la gestión y recaudación del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como 'plusvalía'. El convenio con Siero estará vigente durante cuatro años y se podrá renovar anualmente por cuatro más.

Por otro lado, el convenio con las parroquias rurales se suscribe para que el Ente Tributario se encargue de la gestión y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público que son competencia de estas entidades. Se trata de un convenio marco al que se podrán adherir las parroquias rurales que lo deseen.