La investigación se remonta a principios de marzo cuando una mujer de 61 años, con domicilio en Burgos, presentó una denuncia en la Comisaría Provincial por varias operaciones fraudulentas y no autorizadas por ella en las que se habían realizado compras a través de Internet con cargo a su tarjeta de crédito, por un valor superior a los 6.000 euros.

La denunciante manifestó en su denuncia que no le habían sustraído latarjeta ni tampoco la había extraviado, aunque en ese momento norecordaba que el mes anterior había extraviado dichos documentos yque se los había devuelto un vecino del inmueble tras encontrarlostirados en el portal.

En el transcurso de la investigación se personaron en dependenciaspoliciales unos padres junto a su hijo menor de edad para informar de que habían descubierto que el menor, a través de aplicaciones instaladas en los móviles de sus progenitores, había llevado a cabo numerosascompras de videojuegos y de un teléfono móvil de alta gama.

Según su relato, los progenitores se percataron de los hechos al recibir en su domicilio el envío del teléfono móvil. Preguntaron entonces al menor por la procedencia del terminal y el hijo confesó haber utilizado la numeración de la tarjeta de crédito de una vecina para realizar las compras.

Al parecer, el menor se encontró la tarjeta junto con el DNI de ladenunciante tirados en el portal de la finca pero no pudieron devolverlohasta pasados unos días ya que la mujer se encontraba ausente deldomicilio, siendo el menor el que se ofreció para entregar ladocumentación, no sin antes tomar nota de la numeración de la tarjeta.

Dado que el menor es inimputable penalmente, los padres deberánresponder por la legislación civil y asumir los costes económicosestafados por su hijo.

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