Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Gobierno castellano-manchego, José García Molina, quien ha estado acompañado en su comparecencia por la consejera de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz.

Molina no ha querido explicar con detenimiento este anteproyecto de ley, ya que se presentará al detalle este mismo miércoles, aunque ha afirmado que se trata del anteproyecto de ley "más participado de la historia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

"Solo en el primer semestre de 2018 más de 700 personas y más 70 entidades -desde administraciones locales, organizaciones sociales, culturales, vecinales, económicas o sindicales- han participado en su elaboración. Lo que ya de por sí es una muy buena noticia", ha indicado el vicepresidente segundo de la Junta.

Del mismo modo, ha apuntado que con esta normativa se viene cumplir un mandato constitucional y del propio Estatuto de Castilla-La Mancha, que aconseja que las administraciones públicas incrementen todos los medios a su alcance para que la participación de la ciudadanía regional sea "plena y efectiva".

Molina se ha congratulado de que este anteproyecto de ley este "a la vanguardia" de otras leyes de las mismas características de España, que han servido a sus impulsores de guía, como es el caso de las de Andalucía, Navarra y Aragón.

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