El colectivo, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que el Tribunal ha admitido su denuncia por prevaricación presentada el 12 de marzo contra el entonces presidente en funciones de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

Ecologistas en Acción presentó esta denuncia por haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos con la finalidad de "pasar por encima" de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el Alto Tribunal.

Así, ha concretado que en una diligencia de ordenación notificada a la asociación ambiental la semana pasada el TSJCyL designa ponente al magistrado Ignacio de las Rivas y da curso a las actuaciones que procedan, previamente a la votación que se celebrará este miércoles en las Cortes de Castilla y León sobre la proposición destinada a convalidar legislativamente la caza en la región.

Tras mantener reuniones con los grupos de PP, PSOE, Podemos y Cs, EA ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha declarado en cuatro sentencias contra iniciativas de las Cortes de Castilla y León como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid, que las leyes "singulares a la carta" para sacar adelante disposiciones administrativas contestadas en los tribunales son inconstitucionales.

El motivo que se argumenta en estos casos para declarar esta inconstitucionalidad es que se impide el acceso de la ciudadanía a los tribunales ordinarios, de manera que se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste en este caso al PACMA como recurrente en torno a la normativa sobre la caza, actividad actualmente paralizada por el TSJCyL tras la denuncia del Partido Animalista.

Por ello, Ecologistas en Acción considera "esencial" que los letrados de las Cortes informen sobre la constitucionalidad en sí de la proposición de ley.

RESPONSABILIDAD EN LAS DECISIONES

Además, ha pedido a los procuradores de todos los grupos parlamentarios que se abstengan de adoptar decisiones que "lesionen los derechos fundamentales de la ciudadanía, respetando escrupulosamente la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales firmes para no degradar más aún la pésima imagen de la política profesional en Castilla y León y en España".

En todo caso, la organización ambiental ha advertido de que la proposición de ley que se pretende aprobar "no faculta directamente para el ejercicio de la caza en Castilla y León", ya que la relación de especies cazables debe ser establecida por una orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre la base "de la mejor información técnica disponible" y "con la finalidad de mantener el adecuado equilibrio ecológico que garantice el estado de conservación de las especies cazables y su utilización razonable".

En opinión de la organización ecologista, la práctica de la caza sin esta orden sería arbitraria y vulneraría tanto la Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como las directivas europeas de Aves y Hábitats y la propia Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, que supeditan la caza a la conservación de las especies que puedan considerarse cinegéticas.

EA ha recordado que este es la razón por la que los tribunales han exigido al Gobierno regional que acredite el cumplimiento de dicha normativa y justifique que la práctica de la actividad cinegética se basa en estudios científicos sobre la situación de las distintas especies silvestres, así como del grado de incidencia de la caza en su conservación.

Precisamente, ha agregado el colectivo, esta es la motivación principal de los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL y la decena de sentencias judiciales firmes que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las órdenes anuales de caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019.

"La ilegalidad reiterada de la regulación de la caza en Castilla y León durante las últimas dos décadas obedece a la incapacidad de la Junta para hacer compatible esta actividad con la conservación de la fauna", ha asegurado Ecologistas en Acción.

Finalmente, la organización ha advertido de que, de ser aprobada finalmente la proposición de ley en las Cortes, pedirá al Gobierno, a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional "por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial, entre otros". Asimismo, ha incidido en que el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso.