En un comunicado, la patronal asegura que esta iniciativa se trata de "un despropósito que los responsables municipales han presentado faltando a la verdad", tanto por "inflar de forma exagerada e irreal la previsión de ahorro", como por "ocultar a los ciudadanos los riesgos que comporta una actividad".

Según han remarcado, esta propuesta "en el mejor de los casos" conlleva "un escaso margen de beneficio", pero "encierra un riesgo muy elevado de generar grandes pérdidas que deberán ser cubiertas gravando con más impuestos a los ciudadanos".

Asimismo, consideran que Cort "tiene un amplio espacio de mejora" en el que "la clave debe ser la implantación de una correcta estrategia municipal de gestión de la energía" y no la creación de una comercializadora pública, ya que entienden que "la administración está para gestionar con eficacia y con eficiencia, no para montar empresas".

ESLABÓN MÁS DÉBIL

La confederación señala asimismo que los responsables municipales "demuestran adolecer de un conocimiento profundo" sobre la materia que "les permita ver que la actividad de comercialización es el eslabón más débil y arriesgado de la cadena energética".

No en vano, han explicado desde la CAEB, los operadores independientes tienen "grandes dificultades" para mantener la actividad y las empresas verticalmente integradas "compensan las pérdidas" en la comercialización de energía con los "beneficios que reportan otras actividades como son la generación y la distribución" que, en todo caso, quedarían "fuera de la actividad municipal".

Así, la CAEB considera que la propuesta municipal no iría "contra el patrimonio de empresas o de sus accionistas", sino "contra los Presupuestos del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los ciudadanos", entre quienes "se socializarían las pérdidas con independencia de si son clientes o no de dicha comercializadora".

CAEB señala que "no es una inversión que conlleve ahorros con respecto a la factura actual" sino que, al contrario, "es posible que fruto de su inexperiencia, la comercializadora municipal incurra en desvíos en la compra de energía y en sus previsiones de demanda".

Además, consideran que puede carecer de "estrategias de gestión de la energía para cubrir parte de la demanda con coberturas o productos de futuro", y que finalmente el Ayuntamiento, y los ciudadanos, se "vean más expuestos a los riesgos de mercado" y por tanto incurran en "más gastos de lo que supondría abrir un concurso público y que los suministros se adjudiquen a la comercializadora más eficiente".