Tal y como ya habían anunciado, las tres organizaciones, que agrupan a unos 80 centros de la región, explican en un comunicado que, tras el estudio "pormenorizado" de las órdenes "se ven abocados" a emprender la vía judicial, dadas las características del texto y atendiendo "a la forma y tiempo" en que la misma se ha publicado: "sin consenso, a dos meses del final de la legislatura y sin contemplar las propuestas de los profesionales del sector", señalan.

A este "callejón sin salida", según dicen, se llega tras cuatro años

de "inmovilismo" por parte de la Consejería del ramo, en los que las entidades han mantenido "numerosas reuniones" y han participado en grupos de trabajo "tratando de aportar ideas" para la mejora de la calidad asistencial y de las condiciones laborales.

Para las asociaciones, los planteamientos de quienes conocen "de primera mano" la actividad y se enfrentan diariamente a las dificultades

de la misma, "han sido permanentemente ignorados" a lo largo de toda la

legislatura y hasta la publicación de una normativa "inasumible" que "tendrá que pasar por el juzgado".

Asimismo, reiteran que la atención a personas en situación de dependencia "continúa sustentándose" en los esfuerzos de trabajadores y entidades, y que la solicitud de aumentar la ratio es una reivindicación

que han realizado "recurrentemente" y que consta en los oportunos soportes documentales.

También se reafirman en que "tienden la mano" a la Administración para consensuar una norma "viable" que mejore la situación de usuarios,

trabajadores y entidades, como "ya han demostrado", afirman, en sus "repetidos intentos" de acercar posturas con los dos partidos del

Gobierno (PRC y PSOE).

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