Los 3 consejos para que los políticos no usen tus datos para el 28-A: denuncias, la 'lista viernes'... y cautela en las redes

Toda actividad en Internet deja rastro.
Toda actividad en Internet deja rastro.
EUROPA PRESS - Archivo

Desde el pasado 7 de diciembre, los partidos políticos en campaña están amparados por la ley para acceder a datos personales de los ciudadanos a través de sus redes sociales. El fin: desarrollar listas de personas que comparten una forma de pensar, clasificar a la población ideológicamente, para después dirigirse a ella con un mensaje casi personalizado.

El camino para activar esta nueva forma de hacer campaña pasa por rastrear todo tipo de interacciones de usuarios en Internet y, como si de un viaje hacia la psique se tratase, abrir una hoja de ruta para cada uno de ellos, la colección de clicks de un ciudadano que predetermine qué desea escuchar.

"La situación actual es que los partidos se han legitimado para hacer este tipo de actividades; de hecho, estamos seguros de que ya las están llevando a cabo", explica a 20minutos Carlos Almeida, abogado miembro del Bufete Almeida, uno de los primeros despachos en rebelarse tras conocerse esta maniobra política que hasta ahora "estaba prohibida por la Constitución".

La vía del Constitucional

La primera alarma saltó en abril de 2018, cuando el Partido Socialista puso sobre la mesa una proposición de ley. Durante seis meses de debate interno, Congreso y Senado aprobaron por unanimidad un nuevo artículo, el 58 bis: "Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas webs y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".

La respuesta de instituciones y expertos fue inmediata, no tan solo por lo que el texto incluía sino por lo que no: "El artículo ampara recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas con una absoluta imprecisión, habla de un interés público genérico, unas actividades electorales que por las palabras utilizadas pueden ser en cualquier momento, no solo en campaña", dice Antoni Farriols, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Un grupo de juristas, junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), enviaron una carta al Defensor del Pueblo solicitando la inconstitucionalidad del artículo. Dicha carta fue admitida por el órgano público el pasado 5 de marzo y trasladada al Tribunal Constitucional.

Esta es, en términos burocráticos, la única vía posible para zanjar la cuestión. Sin embargo, "hay sentencias del Constitucional que llegan rápido y otras que no. Algunas tardan años", señala Farriols, quien trata de ser optimista con los tiempos de la Justicia, pues apunta que "si no hay sentencia rápido va a ser muy difícil restaurar la seguridad jurídica en torno a estas cuestiones".

Recomendaciones de los expertos

El bufete Almeida está siendo muy activo en las redes sociales desentrañando y exponiendo cada detalle de la nueva ley y del cajón de consecuencias que esta habría dejado abierto. "Hagamos lo que hagamos, las próximas elecciones van a ser muy sucias", advierte.

Los expertos se las ingenian para obstaculizar este "abuso de poder" y facilitar a la ciudadanía caminos para mostrar su rechazo. Almedia y la PDLI, junto con otros letrados, han lanzado un formulario disponible en internet. Al rellenarlo, cualquier persona puede manifestar a los partidos su negación a que accedan a sus datos.

También desde el grupo de abogados Secuoya han puesto en marcha la 'lista viernes', siguiendo el ejemplo de la 'Lista Robinson'. Esta iniciativa reúne ya a más de 5.000 personas apuntadas, pero necesita seguir sumando nombres. "Con una cifra de firmas mucho mayor, podremos presentarla a los partidos y estos no podrán mirar para otro lado", dice Jorge García, uno de los agobados impulsores.

Todos coinciden, no obstante, en que el mecanismo más inmediato es denunciar ante la Agencia de Protección de Datos (AEPD). "En la práctica, todo lo que no sea un expediente sancionador al partido no va a ningún sitio. Mensaje donde se pida el voto por internet, mensaje que tiene que ser denunciado ante la Agencia", señala Almeida. Para ello, basta con ponerse en contacto con la Agencia y solicitar el trámite presentando el DNI. Precisamente este organismo publicó el 11 de marzo una circular informativa acerca de los límites éticos del artículo.

Desde la APDHE, además, piden cautela: "Hasta que el Constitucional no decida sobre este asunto, hay que guardar cautela en cuanto a verter opiniones en redes. Se trata de una barbaridad amparada por ley pero, puesto que está en vías jurídicas, lo fundamental es esperar a que el Tribunal derogue el artículo".

La denuncia es "fundamental"

"Todo lo demás son parches que no van a arreglar la raíz del problema, pero pueden concienciar a la ciudadanía. Si surgen dudas de que un partido podría estar haciendo esta activida sobre nuestros datos, hay que dirigirse de inmediato a la AEPD. La denuncia es fundamental en este momento", remarca Farriols.

Al denunciar, a través de cualquiera de las tres vías mencionadas, el partido político está obligado a detener su estrategia sobre los datos online del ciudadano denunciante. Así aparece recogido en el artículo, que incluye la necesidad del ciudadano a optar por el rechazo: "Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición".

Si, tras la negativa, un partido continúa accediendo a los datos de una persona y contactando con ella a través de sus redes, estaría incumpliendo la nueva ley, motivo que le llevaría a posibles sanciones económicas. Esta es, de momento, la única forma de detener una actividad que los expertos califican de "secuestro", un "vacío que el Estado ha permitido con fines caciquistas", contradiciendo artículos como el 16.2, el 18.4, el 20 o el 23 de la Constitución.

La fecha de su entraga en vigor, el 7 de diciembre, permitió "un primer ensayo en las elecciones andaluzas del 20-D", como indica Almeida. Desde entonces, se trata de una realidad introducida bajo el paraguas de la ambigüedad, y cuya magnitud se extiende "hasta la vulneración de los Derechos Humanos" por parte de representantes de la población.

¿La solución? "Conciencia y denuncia. Los ciudadanos y las ciudadanas deben entender que el asunto va más allá del retargeting. El volumen y la amplitud con que se utilizan sus datos cuando navegan por internet determina ya la realidad política, y hay que saberlo para frenarlo", concluye García.

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