Algunos de estos portales están alojados en el extranjero, en Suiza o Estados Unidos, y "cualquier posible reclamación resulta bastante complicada, más aún cuando la legislación sobre esta cuestión no es clara ni uniforme", ha explicado la asociación en un comunicado.

Estas páginas web "aparecen de forma destacada en los primeros lugares cuando se utilizan buscadores de internet para comprar entradas" por lo que "el usuario piensa en muchas ocasiones que se trata de un portal oficial del organizador del espectáculo", ha indicado Irache que ha destacado que, tiempo después, el usuario "se da cuenta de que ha pagado mucho más dinero del que valía la entrada".

Por otro lado, la asociación ha tenido conocimiento de casos personas "cuya localidad ya había sido asignada a otra persona".

Irache ha explicado que, generalmente, estas web "se presentan como meras intermediarias entre particulares y no asumen la responsabilidad de la operación". Sin embargo, ha criticado que "se utilizan técnicas agresivas de marketing que buscan la compra inmediata de las entradas".

Asimismo, la asociación ha señalado que "en el precio de la entrada anunciado no incluyen gastos de gestión, IVA o tasas de servicio, unos conceptos no siempre muy claros y que el consumidor no puede calcular a cuánto ascienden".

Irache ha indicado que la normativa sobre acceso a espectáculos "no se refiere específicamente a formas de venta telemáticas, una vía fundamental y que hoy tiene un protagonismo esencial en la organización de espectáculos".

Por otro lado, la normativa estatal "se limita a prohibir la reventa callejera o ambulante y limita el encarecimiento de la entrada en segunda venta a un 20% del precio original". La ley Foral, por su parte, también prohíbe la reventa callejera "o con recargo sobre el precio establecido por las empresas" y califica esta práctica como falta grave, con su correspondiente sanción de hasta 6.000 euros.

Así las cosas, Irache ha afirmado que la reventa de entradas por internet "tiene un dudoso encaje legal". Por ello, ha considerado conveniente que la administración "controle, más aún en espectáculos multitudinarios a los que acuden miles de personas, que las ventas de entradas se producen con transparencia y todas las garantías para el consumidor".

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