Una orden de desahucio tras siete años de alquiler en Triana

Los vecinos acompañaron a la pareja durante el desahucio.
Los vecinos acompañaron a la pareja durante el desahucio.
CARLOS ESCOLÁSTICO
Los vecinos acompañaron a la pareja durante el desahucio.

Manuel y Mari Carmen se quedaron esta mañana sin el piso de la calle Alfarería en el que llevan viviendo siete años. En el mismo edificio también viven sus padres y algunos de sus hermanos.

A las 9 h se cumplió la orden de desahucio dictada por el juez. Algunos vecinos, en solidaridad, han dormido con ellos esta noche en la carpa instalada frente al edificio, el hogar de la pareja hasta que reciban una solución.

Su hija de seis años se quedará en casa de la abuela mientras luchan por una vivienda de la que les ha echado la empresa Renta Antigua López-Brea , actual propietaria del inmueble.

La única opción que les ha dado es pagar 216.000 euros por estos 40 metros cuadrados, que ellos mismos reformaron, algo que les resulta imposible, ya que Manuel, a sus 36 años, está en el paro y se dedica a hacer alguna chapucilla, y Mari Carmen, que tiene 35, no gana lo suficiente como limpiadora.

Dos años

Hace dos años, cuando comenzó su actual calvario, a este matrimonio sevillano se le acabó el contrato de alquiler, por cinco años, firmado con el anterior propietario.

Cuando éste falleció, su hija vendió el inmueble a la empresa madrileña, que empezó a no renovar los contratos y a echar a aquellos a los que se les terminaba (ya ha habido cuatro desahucios anteriores).

Otainsa y el distrito Triana, según Manuel, le prometieron un realojo en Pagés del Corro, pero denuncia que ahora se han echado atrás. El viernes, a las 10 h, se reunirán con representantes de esta oficina y solicitarán que los realojen "mientras hay algún sorteo de VPO".

Un año en el piso

Por su parte, Renta Antigua-López-Brea recuerda que el juicio se celebró en febrero de 2007 y que la sentencia llegó en marzo.

«La ley otorga 60 días para abandonar el inmueble», explica, pero los afectados, agrega, consiguieron en julio «un plazo de gracia (30 días), que al final se ha convertido en casi un año».

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