El funcionario ha reconocido los hechos y, según las mismas fuentes, ha dicho que los llevó a cabo por un problema personal. Además, se ha prestado a colaborar y ha indicado que existe algún gasto cargado en la partida de elecciones que no correspondía a la misma, pero que eran gastos reales.
Así mismo, ha reconocido que había reparado vehículos particulares y repostado gasolina con cargo a la Subdelegación. Según estas fuentes, ha subrayado que trabajaba solo y que no había repartido con nadie.
La causa, que fue abierta en 2017 por delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos, está declarada compleja. La investigación judicial trata de determinar si existió una malversación de dinero público en el pago de facturas por parte de la Subdelegación del Gobierno en Castellón a distintas empresas proveedoras.
En esta causa están citados a declarar como investigados los exsubdelegados del Gobierno Antonio Lorenzo (PSOE) y David Barelles (PP).
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