El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha citado para el próximo día 3 de abril al agente de la Guardia Civil que se encuentra investigado por cobrar de distintos empresarios, que también están investigados en el proceso judicial, a cambio de facilitarles información y favorecer con gestiones en diferentes organismos, aprovechándose para ello de su condición de servidor público.

La declaración del agente, que sería la segunda prestada en sede judicial, ha sido fijada por el instructor, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, atendiendo así a los recursos presentados por las dos acusaciones populares, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), que se incorporaron a la causa a posteriori de la primera testifical y que por tanto desean poder formular sus preguntas al investigado.

Pero además, quedan por resolver los recursos que todas las partes tienen presentados contra el auto de apertura de juicio oral dictado por Instrucción 1, las acusaciones populares para que se vuelva a incluir a otras personas que inicialmente figuraron como investigadas, las defensas por su disconformidad con la imputación y el Ministerio Fiscal por considerar que el mismo es nulo, dado que en él no se determinan los hechos que se consideran delictivos y ante la ausencia de atribución concreta a cada uno de los investigados.

En aquel auto, el juez puso fin a la instrucción y abrió la fase de preparación del juicio por entender que existen indicios suficientes para juzgar al guardia civil y a otras diez personas, que le habrían entregado dinero y regalos a cambio de los favores relacionados con "el acceso y difusión de datos de carácter reservado, asesoramiento sobre procesos por multas, ayuda en los recursos con conductor falso, recepción y aprovechamiento propio de regalos externos, dinero por las ayudas que ofrecía, sin perjuicio de su inexistencia real en algunos casos, entre otros actos menores".

En la misma resolución, el titular del Juzgado de Instrucción 1 acordó sobreseer la causa contra ocho personas, que han llegado a estar investigadas, tras advertir de que, concluidas las diligencias, no se han hallado indicios de su participación en los hechos objetos de investigación.

OPERACIÓN ROSADO

Las diligencias se originaron en 2018 a raíz de unas intervenciones telefónicas autorizadas en otra investigación, la 'Operación Rosado' contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Valladolid, Zamora y Cuéllar (Segovia), que se saldó con la detención de casi medio centenar de personas, entre las que figuran el guardia civil y algunos de los investigados en el procedimiento por las prebendas entregadas al mismo.

Las conversaciones intervenidas durante 2017 y 2018 en el marco de la 'Operación Rosado', coordinada por Instrucción 1, permitieron descubrir otras actividades supuestamente delictivas del agente de la Benemérita y de otros arrestados, actividades que se han investigado en un procedimiento judicial distinto abierto por delitos de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Según recoge el auto de transformación en procedimiento abreviado, el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones "incompatibles con su condición" de agente de la autoridad.

Las grabaciones, señala el juez en la resolución, reflejan "la potestad de la que hacía gala el agente frente a terceros de intervenir en distintos expedientes sancionadores y en gestiones varias incompatibles con su condición, sin perjuicio de que realmente pudiera tener dicha capacidad" y de que realmente realizara las gestiones que aseguraba haber realizado y por las que habría percibido una compensación.

ALTERACIÓN DE EXPEDIENTES

El magistrado instructor mantuvo que existen indicios de que el guardia civil, valiéndose de su condición de servidor público, accedía a bases de datos de carácter reservado y facilitaba dicha información a terceros; consultaba antecedentes penales de personas sobre las que no estaba realizando ninguna investigación como agente de la autoridad y "vendía" esos datos a otros, llegando, en algún caso, a asegurar que había favorecido a una persona en un juicio pagando a un funcionario para eliminar tales antecedentes en la hoja histórico penal.

Además, de la investigación realizada hasta ahora, se desprenden indicios de que el agente alteraba expedientes sancionadores por infracciones de tráfico a quienes recurrían a él tras haber sido multados por circular con exceso de velocidad. Para ello, facilitaba identidades de conductores que no se correspondían con los infractores y tramitaba desde su propio puesto de trabajo los pliegos de descargo.

Igualmente, se sospecha que podría haber intervenido para beneficiar a un constructor con la adjudicación de un contrato para la realización de unas obras en la Comandancia de la Guardia Civil de León.