El Parlamento de Navarra celebrará el martes un pleno social sobre el impacto de
El Parlamento de Navarra celebrará el martes un pleno social sobre el impacto de PARLAMENTO DE NAVARRA

El texto aprobado, con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención del PSN, sustituye a la ley foral aprobada en 2015 y anulada en gran parte por el Tribunal Constitucional en 2018 al entender que "invadía funciones propias de la jurisdicción penal".

La nueva proposición de ley impulsada por el cuatripartito tiene por objeto "promover el reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha". A tal fin, se incluye un procedimiento administrativo con el que, "sin menoscabo del deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales", se pretende "corregir el vacío legislativo que se cierne sobre estas víctimas".

Sin ánimo punitivo, la ley pretende completar el corpus normativo que rige en la materia para "facultar el resarcimiento -a nivel administrativo- de las conculcaciones sufridas dentro o fuera de la Comunidad foral, siempre y cuando las mismas no hayan sido objeto de reparación por las instituciones del Estado o de otra comunidad autónoma".

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación, que será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados.

"A TODAS LAS VÍCTIMAS LES DEBEMOS VERDAD"

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha defendido que "a todas las víctimas les debemos verdad, justicia y reparación, sin revanchismo de ningún tipo". Ha criticado las "restricciones" a la anterior ley por parte del TC y ha reivindicado que "ocultar la verdad no ayuda a la necesaria justicia". En este sentido, ha negado que esta ley busque "confrontar o poner unas víctimas contra otras" o que se quiera "blanquear algún tipo de violencia".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha calificado de "inconcebible y jurídicamente muy cuestionable" la anulación del TC de la anterior ley y ha considerado que esta postura "tiene que ver con seguir constatando que los poderes del Estado en este tema son juez y parte". Ha remarcado que la ley es "agridulce" y que no les "satisface" por "la autocensura" que se han impuesto y ha lamentado que esta norma "no incide en que las víctimas de segunda pasen a ser de primera".

Desde Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha señalado que se aprueba una ley que "ha quedado descafeinada, una ley que sin justificación jurídica ni técnica alguna, sino política, ha sido vaciada de contenido, en primer lugar, por el Tribunal Constitucional y después por la autolimitación que nos hemos impuesto para poder subsanar algunas de las cuestiones que se planteaban". "Nos hubiera gustado que esta ley fuera más contundente", ha expuesto Pérez, para quien "no se puede negar a ninguna víctima el derecho a ser reconocida".

En representación de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin también ha criticado que el TC anulara gran parte de la anterior ley, que "al igual que esta no invade el ámbito de los tribunales". "Lo que hace es arbitrar un procedimiento administrativo para posibilitar el reconocimiento y reparación de unas víctimas que hasta ahora sólo se han encontrado con la impunidad de sus victimarios", ha planteado Nuin, quien se ha preguntado "por qué después de décadas la Justicia no ha hecho su trabajo".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el regionalista Carlos García Adanero ha remarcado que el Gobierno de España "tiene la obligación de recurrir esta ley porque tiene indicios claros de inconstitucionalidad". Ha asegurado que "uno de los objetivos del actual Gobierno de Navarra es rescribir el relato" y ha considerado que esta ley es "el colofón de esa reescritura". "Como no les gusta la justicia que imparten los tribunales, quieren juzgar. El objetivo es conflicto, dos bandos y cambiar el relato", ha censurado.

La socialista Inma Jurío ha reprochado al cuatripartito que "estén repartiendo carnés de buenos o malos demócratas" y ha defendido que los socialistas "siempre nos hemos posicionado en favor de las víctimas". Sobre la nueva ley, la parlamentaria del PSN ha censurado que "se pretende más señalar a autores que poner el objeto en las víctimas" y ha afirmado que la norma "nos suscita dudas". En este sentido, se ha preguntado si hay algunos partidos impulsados de la ley que "les interesa que se recurra".

Finalmente, Ana Beltrán, del PPN, ha manifestado que "lo más tranquilizador de esta ley es que no va a tener recorrido, o bien porque la derogará el próximo Gobierno o porque será declarada inconstitucional, porque tiene todos los visos para hacerlo". A su juicio, el cuatripartito "ha pretendido hacer un lavado de cara a esta ley que no va a colar" y ha censurado que la iniciativa pretenda "generar sospechas en torno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Lo que mueve la ley es puro revanchismo", ha sostenido.

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